Moncloa esconde las facturas del hotel de Sánchez y Begoña en los JJ.OO. de París por «seguridad nacional»

El presidente del Gobierno acudió acompañado de su esposa el pasado mes de julio a los Juegos Olímpicos. No era la primera vez que Sánchez y Begoña Gómez viajaban juntos a un evento internacional, pese a que ésta no ostenta ningún cargo oficial, algo que Moncloa justifica alegando cuestiones protocolarias, pero en esta ocasión llamó especialmente la atención porque la cita tuvo lugar solo unos días antes de que el propio Sánchez tuviera que declarar ante el juez Peinado, en calidad de testigo, en la causa que investiga los negocios de su mujer por la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Según Moncloa el viaje costó casi 18.000 euros, pero se niega a proporcionar las facturas del mismo con la excusa de que hacerlas públicas pondría en riesgo la seguridad nacional.

En concreto, según ha informado Moncloa a través de un escrito en propiedad de El Debate y firmado por la responsable del departamento jurídico de Presidencia, Beatriz Rodríguez, el pasado 3 de marzo, «el gasto de la Presidencia del Gobierno con motivo del viaje y estancia en París fue de 17.813,71 euros, de los cuales 9.002,71 se corresponde a alojamiento y manutención y, el resto, a gastos de locomoción», unos 8.810,46 euros.

Moncloa ya explicó que Sánchez llegó a los Juegos Olímpicos en «una aeronave de las Fuerzas Aéreas y del Espacio, del Ministerio de Defensa», por lo que queda la duda de saber a qué se ha dedicado dicha cantidad, si fue para costear los billetes de avión para algún otro miembro de la delegación, «compuesta por 10 personas, habiéndose excluido el personal de seguridad», o bien para los diferentes traslados por París.

De hecho, el Gobierno se ha negado a facilitar una copia de las facturas del viaje, bajo el pretexto de que podría suponer un peligro para la seguridad nacional y argumenta que «facilitar el nombre de los establecimientos utilizados por la Presidencia del Gobierno facilitaría información sobre lugares concretos en los que se encuentra el Jefe del Ejecutivo en París, así como pautas para la determinación de lugares de estancias en futuros viajes, lo que comprometería la eficacia del dispositivo de seguridad y, por tanto, se vería comprometida la integridad personal del Jefe del Ejecutivo, así como de los encargados de su protección, en futuras visitas».

De esta forma, Presidencia del Gobierno insiste en que, a su juicio, «no existe un interés superior en el conocimiento de la información que prevalezca frente a la protección de la seguridad, en tanto que la finalidad de la Ley se ve cubierta dando acceso al coste del alojamiento».

Sin embargo, tal y como han sostenido los juristas que asesoran a este periódico en materia de transparencia, «desvelar meses después un alojamiento del presidente del Gobierno, en nada afecta a la seguridad del mismo puesto que hace tiempo que ha transcurrido el evento y en futuras ocasiones o visitas, dicho hecho deberá ser tenido en cuenta por su servicio de seguridad», y de esta forma se lo han transmitido al Consejo de Transparencia (CTBG) en la reclamación interpuesta para intentar sortear la opacidad de Moncloa.

Por otro lado, otro de los puntos oscuros acerca del fin de semana parisino del que disfrutó el matrimonio presidencial es el de sus acompañantes. Bajo la excusa de la protección de datos, Moncloa solo facilita, por norma general, la identificación de «las personas que ocupan puestos de alta responsabilidad o de alto nivel jerárquico, y puestos de trabajo de nivel 28 o superior en la relación de puestos de trabajo».

De esta forma, quedaría fuera cualquier persona ajena a la estructura del Gobierno o funcionarios de niveles más bajos, ocultando, de tal manera, si amigos o asesores del partido pudieron subirse al Falcon para disfrutar de los Juegos Olímpicos o disfrutaron de noches de hotel a costa del dinero público.

Una respuesta similar a la que recibió El Debate cuando se interesó por los acompañantes de Sánchez en la final de la Eurocopa, que se disputó el pasado 14 de julio en Berlín. En una resolución fechada este 12 de agosto, Moncloa reconocía que el presidente viajó a Alemania junto a Pilar Alegría, ministra de Educación; Pascual Navarro, embajador de España en Alemania; Óscar López, entonces director del Gabinete del presidente del Gobierno; Jorge Mijangos, director del Departamento de Protocolo; Alfredo Rodríguez, director de Información Autonómica; Fulgencio Sánchez, del Departamento de Protocolo; y Juan Romero, de la Secretaría de Estado para la Comunicación.

De esta forma, obviaba a cualquier persona que no ostentase la condición de alto cargo, facilitando, únicamente, un listado compuesto por los miembros del Gobierno. Para restringir este listado, Moncloa alegaba que «esta información implica el acceso a datos de carácter personal», aludiendo a que la normativa vigente protege los datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, (…) o que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos, entre otros.

Por ello, volvió a dar acceso únicamente a los datos de las personas que «ocupan puestos de trabajo de nivel 28 o superior en la relación de puestos de trabajo o puestos de alta responsabilidad», ya que, a su juicio «lo relevante para determinar si un puesto de trabajo cumple con las exigencias que determinan la prevalencia del interés público en el acceso a la información viene determinado, entre otras causas, por las características objetivas del mismo, esto es, si el puesto es de alto nivel en la jerarquía del órgano».

Sin embargo, el hecho de que Sánchez invite o no a un viaje oficial a personas que no forman parte de los altos cargos del Gobierno parece, cuanto menos, de interés público puesto que su desplazamiento se habría llevado a cabo a través de medios públicos y, por tanto, con un gasto que sería abonado a cuenta de las arcas del Estado.