García Ortiz vuelve a imponer su criterio a dos fiscales para salvar a Conde-Pumpido en la sentencia de los ERE

Álvaro García Ortiz lo ha vuelto a hacer. Como ya sucedió en otros polémicos casos de trascendencia política como los indultos de los separatistas catalanes, la ley del 'sólo sí es sí' o la polémica amnistía, la Fiscalía ha salido, en esta ocasión, al rescate de Cándido Conde-Pumpido, informando en contra de la cuestión prejudicial que la Audiencia Provincial de Sevilla perpara ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el caso de los ERE andaluces. Una iniciativa que el presidente de la Corte de Garantías trata de bloquear en el ámbito doméstico y que, ahora, ha encontrado el respaldo del Ministerio Público pese a las discrepancias internas que han surgido en el mismo.

No en vano, los dos fiscales sevillanos encargados del asunto, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra han dejado claro que el informe remitido, este mismo miércoles, al órgano sevillano –en el que desaconsejan activar la herramienta prevista en el Tratado de Funcionamiento de la UE cuando surgen discrepancias sobre la interpretación de normas o aplicación de las mismas– responde, únicamente, a su obligación de «cumplir órdenes» de sus superiores.

Y ello, pese a que en un principio, su posición jurídica (tal y como trasladaron al jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón) sobre la lectura que el fallo del TC hizo del delito de malversación, en la causa de los ERE de la Junta socialista de Andalucía, justificaba elevar una consulta a Europa, para que se pronuncie sobre el fallo; y, sus consecuencias prácticas para más de una decena de condenados, por el uso irregular de más de 680 millones de euros de fondos públicos destinados a los parados.

Sin embargo, siguiendo las instrucciones recibidas» de la Fiscalía del Supremo–en una orientación confeccionada por el fiscal de Sala de lo Penal José Javier Huete, a petición de la mano derecha de García Ortiz, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde– han optado por cambiar el enfoque inicial de su dictamen y plegarse, jerárquicamente.

Tanto Egocheaga como Fernández Guerra se han visto obligados a renunciar a su posición jurídica, en favor de la dictada desde la Fiscalía del Alto Tribunal para la que la resolución del TC no incurrió en vulneración alguna del ordenamiento comunitario. La Instrucción 1/2016, activada por García Ortiz, según la cual en estos casos corresponde a los fiscales de Sala del Alto Tribunal fijar la posición institucional, no les ha dejado otra opción, bajo riesgo de incurrir en desacato.