Los fiscales de los ERE siguen las «instrucciones» de García Ortiz y desaconsejan llevar al TC ante Europa

Como avanzó El Debate, a principios de esta semana, la Fiscalía ha salido al rescate de Cándido Conde-Pumpido, de nuevo, en un asunto de calado político: la cuestión prejudicial de la Audiencia Provincial de Sevilla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el caso de los ERE andaluces, que el presidente de la Corte de Garantías trata de bloquear en el ámbito doméstico.

Así las cosas, los dos fiscales sevillanos encargados del asunto, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra han remitido, este mismo miércoles, al órgano sevillano un informe que desaconseja activar la herramienta prevista en el Tratado de Funcionamiento de la UE cuando surgen discrepancias sobre la interpretación de normas o aplicación de las mismas, en este caso sobre el alcance del delito de malversación, entre dos tribunales domésticos.

Ambos «siguiendo las instrucciones recibidas» de la Fiscalía del Alto Tribunal –en una orientación confeccionada por el fiscal de Sala José Javier Huete, a petición de la mano derecha de García Ortiz, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde– han optado por cambiar el enfoque inicial de su dictamen y plegarse, jerárquicamente, al Ministerio Público.

No en vano, cabe recordar que sendos fiscales Anticorrupción elevaron sus conclusiones sobre el asunto, en un primer término a su superior directo Alejandro Luzón, en las que se mostraron favorables a que la Audiencia de Sevilla se dirigiese a Europa antes de aplicar, sin cuestionarlos, los fallos dictados por la Corte de Garantías en los recursos planteados por los líderes socialistas de la Junta de Andalucía, condenados en el Supremo por el uso irregular de fondos públicos, más de 680 millones de euros, destinados a los parados.

Sin embargo, finalmente, tanto Egocheaga como Fernández Guerra se han visto obligados a renunciar a su posición jurídica, en favor de la dictada desde la Fiscalía del Alto Tribunal para la que la resolución del TC no incurrió en vulneración alguna del ordenamiento comunitario. La Instrucción 1/2016, activada por García Ortiz, según la cual en estos casos corresponde a los fiscales de Sala del Alto Tribunal fijar la posición institucional, no les ha dejado otra opción, bajo riesgo de incurrir en desacato.

Respetar la «legalidad» y repetir el juicio

En el escrito entregado por la Fiscalía Anticorrupción, en respuesta a la consulta previa de la Audiencia de Sevilla, en el plazo dado por la misma, los fiscales aconsejan que las dudas que hayan podido plantearse en la fase de ejecución de sentencia, que es en la que se encuentra, ahora mismo, el asunto de los ERE, se disipen en el seno del propio órgano provincial. Un juzgado que, además, está llamado a repetir, desde cero, el proceso seguido contra los ex presidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, como refiere la sentencia del TC que, en un principio, no han llegado a aplicar.

De acuerdo con el camino dictado por la Fiscalía del Supremo a los fiscales Egocheaga y Fernández, estos han recogido como argumento que la superioridad del Derecho europeo no es dispensa para que la Sala Penal de la Audiencia Provincial «cumpla con el principio de legalidad» en las nuevas sentencias que habrán de llegar sobre el caso ERE. «La primacía del Derecho de la Unión no dispensa a los órganos jurisdiccionales de la obligación de respetar el principio de legalidad penal», reflejan en el escrito entregado.