Conde-Pumpido «podría incurrir en consecuencias penales» con su propuesta para frenar la consulta de los ERE ante Europa

Cándido Conde-Pumpido se descolgaba, a principios de esta semana, con una propuesta de su propia cosecha para neutralizar el anuncio de la Audiencia de Sevilla para que la Justicia europea revise su polémica sentencia de los ERE de Andalucía. El veterano jurista se sentaba frente al Pleno de la Corte de Garantías para «en defensa de su jurisdicción» y, en concreto, del fallo dictado en el polémico asunto, por la mayoría izquierdista que lidera, con el que se eliminaron, o rebajaron, las penas impuestas por el Supremo a más de una decena de políticos socialistas implicados en la trama. Sobre la mesa, incluso la posibilidad de aplicar «medidas coercitivas» en el caso de que el tribunal sevillano persistiese en su posición.

Las reacciones no se hicieron esperar entre propios y extraños que albergan no pocas dudas sobre la viabilidad de los planes de Conde-Pumpido que, por el momento, ya ha puesto a trabajar a sus servicios jurídicos en un informe de parte de avale su idea. Un «despropósito» de tal gravedad que, para algunas de las fuentes consultadas por El Debate, resulta «imposible» que se atreva, finalmente, a poner en marcha. De hacerlo «podría incurrir en consecuencias penales» inéditas para un presidente del TC, apuntan las mismas fuentes.

Entre otras cosas porque «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha resuelto antes este desafío» para otros casos de otros países y, en todos ellos, ha sentado dos bases doctrinales inmutables.

La primera que la cuestión prejudicial, que prepara la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, permite «desobedecer el fallo del TC sin represalias» si, finalmente, resultase avalada la consulta. Esto es, no puede aplicarse «ningún régimen disciplinario contra los jueces» que cuestionen una resolución «por mucho que ésta haya sido dictada por un Tribunal Superior» si entienden «que es contraria al Derecho de la Unión».

La segunda, cómo «ningún órgano, institución o autoridad nacional puede bloquear la herramienta prevista» en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento si alberga dudas sobre «la posible colisión de una norma o un fallo con la primacía del Derecho comunitario» que, cabe recordar, nace de la independencia de los jueces y magistrados, pilar básico del Estado de Derecho.

A estos efectos, «el Constitucional español o cualquier equivalente es considerado un tribunal interno ordinario, sin que sus decisiones tengan un valor de aplicación mayor del que puedan tenerlo las de otras instancias», apuntan los expertos. «Cualquier intento de veto previo es ilegal», apostillan. O, lo que es lo mismo, si el presidente del TC, o parte del Pleno colegiado, «insiste en sus pretensiones» y «toma medidas concretas» para «sancionar, penalizar o disuadir» a los jueces sevillanos de una herramienta prevista «para este tipo de conflictos de interpretación jurídica», podría situarse en el ámbito de la «prevaricación como mínimo».

La Audiencia ha plantado cara

Por ello, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ya ha dejado claro que defenderá su decisión en este caso. «No es que se niegue a cumplir con la resolución dictada por la Corte de Garantías ni que haya entrado en desacato con la misma», como Conde-Pumpido ha querido presentarlo.

Se trata de aclarar si la resolución adoptada en amparo, para favorecer a los políticos responsables de la pieza matriz de los ERE de la Junta socialista de Andalucía es compatible con el ordenamiento europeo o no, ante la duda de que el 'enjuague' perpetrado por la mayoría del Pleno en esta causa pueda haber provocado una «impunidad» de varias conductas que hayan puesto en riesgo la obligación de España de perseguir el fraude contra los intereses financieros de la UE (artículo 325.1 del TFUE).

Tal es así que el órgano provincial, encargado de la ejecución del fallo, decidía plantar cara ante la pretensión del TC y pedirle explicaciones sobre el motivo que le ha llevado a solicitar una copia de su providencia. Tan sólo unas horas más tarde, Conde-Pumpido justificaba la petición para tener un documento, que es público, con la finalidad de deliberarlo en el próximo Pleno. Pese a la explicación oficial, con la que se ha pretendido dar normalidad al conflicto institucional creado, el choque de trenes está servido.

Y es que los magistrados «no están dispuestos a dejarse intimidar en sus competencias», afirman varias fuentes consultadas por El Debate. No cabe, «en modo alguno» que el Constitucional español maniobre en contra de la «doctrina consolidada» en más de una docena de sentencias del TJUE para blindar resoluciones que, a todas luces, «desbordan los límites de las funciones propias del órgano» para mayor beneficio de los afines al Gobierno.

La rectificación de los ERE es, en realidad, «un indulto encubierto» que, por extensión, sienta las bases para una interpretación «favorable a la malversación de la amnistía», denuncian desde la Carrera judicial. La misma que anticipa cómo bajo el pretexto de la Audiencia de Sevilla, Conde-Pumpido está «anticipando un nuevo conflicto en el caso del Supremo». No en vano, la Sala Segunda del Alto Tribunal anunció que, tras agotar la vía interna, sobre la polémica norma de borrado del procés elevaría un auto motivado al TJUE para su análisis en el marco del Derecho comunitario.