El número de personas en edad laboral por cada persona mayor de 65 alcanza mínimos históricos

El número de personas de 20 a 64 años en edad laboral por cada persona mayor de 65 años, lo que se conoce como tasa inversa de dependencia, se sitúa ya en mínimos históricos, como consecuencia del envejecimiento de la población, según advierte el Instituto Santalucía, órgano de reflexión y debate del Grupo Santalucía, en un informe publicado este lunes.

En concreto, el Instituto Santalucía cifra esta tasa en el 2,96, lo que significa que ya hay menos de tres personas de entre 20 y 64 años por cada persona mayor de 65 años.

«Esta tendencia al envejecimiento de la población repercute en el aumento del número de pensionistas, especialmente mayores de 65 años», subraya el informe, que recuerda que el Gobierno ha legislado para aumentar la edad efectiva de jubilación y así disminuir la tasa de cobertura.

El informe ha sido elaborado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social del Instituto, formado por Enrique Devesa, Mar Devesa, y Robert Meneu, profesores de la Universidad de Valencia; Borja Encinas e Inmaculada Domínguez, profesores de la Universidad de Extremadura; y Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

El estudio constata un aumento de la pensión media del 5,1 %, hasta los 1.386 euros mensuales, debido, sobre todo, a la revalorización de las pensiones aplicada a principios de año, del 3,8 % con carácter general.

«Esta mayor generosidad requiere crecimientos de la productividad y empleo suficientes para compensar el efecto sustitución y el efecto del número de pensiones sin tensionar el equilibrio financiero», apuntan los expertos del Instituto.

En cuanto a los indicadores contables de ingresos, gastos y saldo en la parte contributiva, el informe constata un «cierto repunte» en el déficit contributivo.

Así, señala que en el último año, las cotizaciones han crecido más que el PIB, lo que ha contribuido a que el total de los ingresos contributivos sobre el PIB (10,8 %) haya subido en tres décimas respecto al dato anual de junio de 2023, dato que se explica en buena medida por la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Por su parte, el incremento del gasto en pensiones contributivas (sin complementos a mínimos) alcanzó el 7 % respecto a junio de 2023, de manera que el conjunto de los gastos contributivos ha ganado cuatro décimas de peso en el PIB, subiendo la ratio gastos contributivos sobre el PIB al 12,7 % desde el 12,3 %.

Como consecuencia de los datos de ingresos y gastos contributivos, el déficit contributivo anual se incrementó ligeramente, hasta el 1,92 % del PIB en junio de 2024 frente al 1,83 % un año antes, siendo su cuantía absoluta de 28.912 millones de euros, frente a 25.841 millones de euros en junio de 2023.

«Los indicadores contables muestran un freno en la tendencia a la mejoría que se inició tras dejar atrás la pandemia, durante la cual el déficit contributivo llegó a situarse en un máximo del 2,76 % del PIB en marzo de 2021. Desde entonces, el déficit alcanzó su mínimo en junio de 2023 (1,83 % del PIB). Este es el segundo trimestre en el que aumenta interanualmente el déficit contributivo, pese a las medidas de ingreso de la reforma de pensiones de 2023, lo que podría ser el inicio de un cambio de ciclo con nuevos aumentos del déficit, aunque habrá que confirmarlo en los próximos trimestres», sostiene el Instituto.

Coeficientes reductores

El informe analiza también la proposición de ley de jubilación sin penalización admitida a trámite en el Congreso el pasado mes de mayo. El objetivo de esta proposición es eliminar la «injusticia» que supone que personas jubiladas con largas carreras de cotización reciban menos pensión, debido a la aplicación de coeficientes reductores, que personas con cotizaciones menores.

La modificación propuesta consiste en eliminar los coeficientes reductores con 40 o más años cotizados, quedando únicamente dos tablas de coeficientes reductores según los meses de anticipación: una para menos de 38,5 años cotizados y otra para el intervalo de entre 38,5 años y menos de 40 años.

Según el Instituto, en la inmensa mayoría de los países de la UE es posible jubilarse anticipadamente y también es habitual que, a dicha modalidad de jubilación, se le aplique una penalización.

Sin embargo, precisa que son pocos los países que han decido implantar una jubilación anticipada sin penalización en los casos de largos periodos de cotización y, además, los requisitos de acceso son muy exigentes.

Para los expertos de pensiones del Instituto Santalucía, la proposición de Ley de jubilación sin penalización para los que la anticipen y tengan con 40 o más años cotizados tiene una justificación subyacente «razonable».

No obstante, considera que eliminar los coeficientes reductores no es técnicamente la forma más adecuada de resolver inequidades. «Es verdad que resuelve alguna injusticia, pero también es cierto que mantiene otras y crea nuevos agravios comparativos entre jubilados, por ejemplo, con los que han cotizado un número de años algo inferior a los 40, generando un salto o escalón excesivo por pertenecer o no a ese colectivo».

Así, el estudio plantea que con un cálculo más justo del porcentaje sobre la base reguladora, las pensiones a percibir durante todo el periodo de jubilación serían un mejor reflejo del esfuerzo de cotización realizado durante la vida laboral, «evitando así agravios comparativos entre los trabajadores».