Claves de la nueva tasa de basura que encarecerá el recibo a partir de 2025

El próximo año, los ayuntamientos estarán obligados a imponer una tasa de basuras que «no sea deficitaria». Esto significa que aquellos municipios que hayan suprimido este cobro lo recuperarán y que, aquellos que ya lo tengan, verán aumentada la cuantía. Se trata de una consecuencia de la ley de residuos contaminados aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que ha provocado el rechazo general de los consistorios.

El Ejecutivo se ha escudado en la directiva europea sobre residuos para establecer obligatoriamente una tasa que algunos municipios habían eliminado, algo que los consistorios niegan y califican de «sanchazo» por parte del presidente. En cualquier caso, los ayuntamientos tendrán que aplicar este gravamen que, dependiendo de la localidad, puede suponer un aumento de hasta el doble que se paga en la actual factura.

El Ministerio de Hacienda ha enviado a los ayuntamientos un documento al que ha tenido acceso El Debate para facilitar la implantación y aplicación de la nueva tasa e incluye contenido relativo a los detalles del cobro y las bonificaciones.

El documento reconoce que la directiva europea «no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada» a partir del 10 de abril de 2025, sino que pretende que «paulatinamente se incorporen estos sistemas en consonancia con el principio de quien contamina, paga». Eso sí, los ayuntamientos deberán incorporar gradualmente «elementos que tengan en cuenta el comportamiento de los ciudadanos en la generación de residuos».

Así, el texto de Hacienda establece tres sistemas de pago por generación. Uno elemental, con reducciones sobre una cuota única en función de determinados comportamientos, como aportaciones a puntos limpios o la adhesión a programas de compostaje doméstico; otro medio, con una cuota básica y otra variable en función del comportamiento detectado según las zonas del municipio; y finalmente uno avanzado, con una cuota básica y otra variable individualizada.

La cuota única del sistema elemental y la básica del medio y avanzado se fijará en función de parámetros «de carácter objetivo», como el uso del inmueble, el número de residentes, el valor catastral, la superficie o su ubicación.

La Ley Reguladora de Haciendas Locales establece que el importe de las tasas no puede superar, en su conjunto, el coste real o previsible del servicio; sin embargo, la nueva norma establece que la prestación de la recogida, transporte y tratamiento de residuos no puede ser deficitaria, por lo que el Gobierno exige que la ley sea interpretada «como el necesario cumplimiento de un principio» y no como «la imposición a los ayuntamientos de una absoluta precisión en la cobertura de los costes de servicio». Es decir, que dicha cobertura se aproxime lo máximo al coste real, teniendo en cuenta los posibles beneficios fiscales.

Las familias en riesgo de exclusión social y aquellos que realicen compostaje tendrán acceso a bonificaciones en la factura

Estas bonificaciones –a modo de reducciones en la cuota– van dirigidas a aquellos que realicen compostaje doméstico o separación y recogida separada de materia orgánica, participen en la recogida separada para el posterior reciclado, o familias en riesgo de exclusión social.

En el caso de las empresas, podrán disfrutar de esta bonificación aquellas que tengan establecidos, en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan de manera verificable los residuos alimentarios.

Costes netos

En la nueva norma, la tasa debe reflejar los costes directos, como los de personal o los intereses de préstamos; e indirectos, incluidas las campañas de publicidad. Además, y dado que en algunos residuos los productores tienen la obligación de financiar el coste de residuos, tendrán que compensar a las entidades locales que se encarguen de la gestión.

La tasa, aclara Hacienda, se devengará el 1 de enero de cada año. Al incorporar sistemas de pago con una cuota básica por costes estructurales de servicio y otra variable en función de la generación de residuos, el Ministerio aclara que se podrá exigir en dos periodos impositivos distintos. Asimismo, ambas cuotas podrán exigirse en uno o en dos recibos diferentes.

La pregunta que se hacen desde las asociaciones de municipios es en cuánto se traducirá esta medida. Actualmente no hay un sistema unificado de gestión y cada ayuntamiento lo administra como considera. Algunos consistorios, de hecho, se han adelantado al pago de la tasa –en Oviedo ha subido un 80 %–, mientras que otros tendrán que aplicarla de nuevo después de haberla incluido en el IBI.

Este tributo debería satisfacer un gasto de unos 3.000 euros al año cuando los ingresos solo llegan a los 2.079 euros, según datos de la Fundación ENT de 2021, por lo que serán necesarias subidas del 45 % de media para cumplir con la nueva legislación. No obstante, y dadas las desigualdades en la aplicación de esta tasa entre los distintos municipios, las subidas se notarán de diferente dependiendo de la localidad.