Planta química de Repsol en Tarragona
Las energéticas dejan en el aire inversiones en España que duplican la recaudación del impuestazo
Repsol da el primer paso para trasladar proyectos de descarbonización «a Francia o Portugal», tras confirmar el Gobierno su intención de hacer permanente el tributo
Recta final para conocer si el Gobierno podrá, como es su intención declarada, hacer permanente el impuesto especial que grava los ingresos de las compañías energéticas. El tributo, previsto inicialmente para 2023 y 2024, ha recaudado 1.644 y 1.164 millones de euros, respectivamente. Repsol ha desembolsado este año unos 335 millones por el impuesto; Endesa, pagó 202 millones; Iberdrola, 157 millones y Cepsa 240 millones. Naturgy, por su parte, cifró en 300 millones su impacto en 2023.
El tributo, pergeñado al calor de la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, grava el 1,2 % sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo que facturasen más de 1.000 millones en 2019. Concebido como una prestación patrimonial, no afecta a los ingresos de las actividades reguladas, como por ejemplo la PVPC de electricidad o la tarifa TUR de último recurso de gas.
Solo Repsol ha amenazado con llevarse fuera de España hasta 3.000 millones de euros si prospera la intención del Ejecutivo. La energética ya ha dado el primer paso de sus prometidas desinversiones en España si se mantiene la tasa, al adjudicar un electrolizador a Portugal, como adelantó El Mundo y confirmó El Debate. Su presidente, Antonio Brufau, ya avisó que invertirían «en Portugal o Francia» su dinero si en España no había «estabilidad jurídica y estabilidad fiscal».
La compañía que dirige Josu Jon Imaz se ha convertido en la más beligerante contra un tributo que, según coincide la totalidad del sector, dificulta sus posibilidades para competir con el resto de empresas europeas, dado que ningún otro país del entorno tiene una tasa similar. Fuentes de Repsol precisan que, aunque las inversiones para mantener las plantas actuales están garantizadas, sí corren peligro las inversiones en tecnologías de futuro, como el hidrógeno o los combustibles renovables.
Repsol tiene aún que confirmar las inversiones en electrolizadores de grandes dimensiones (100 MW) en Cartagena y Bilbao, así como la ubicación de su tercera planta de combustibles renovables, tras las de Cartagena (ya inaugurada) y Puertollano. También está en el aire la denominada Ecoplanta de Tarragona, que por sí sola totaliza una inversión de 1.100 millones.
Este lunes la patronal catalana Foment salió en tromba a exigir al Ejecutivo que reconsidere el tributo. Según su presidente, Josep Sánchez Llibre, es «discriminatorio» y dificulta a la industria «competir con los mercados internacionales», informa Joan López desde Barcelona.
Fiscalidad «demencial» e «injusta»
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, adelantó la semana pasada que la intención del Gobierno es hacer permanente el impuesto, junto con su gemelo que afecta a los ingresos de las entidades financieras. Ambos tributos (cuya recaudación conjunta supera los 2.800 millones de euros) supondrán buena parte de la subida fiscal de 4.500 millones que el Gobierno trasladó a Bruselas la semana pasada en su Plan Fiscal Estructural.
Aunque sin hacer tanto ruido como Repsol, otras compañías como Iberdrola, Endesa o Cepsa también han tratado de frenar el impuesto, recurriéndolo ante los tribunales. José Bogas, CEO de Endesa, llegó a asegurar que la fiscalidad en España es «demencial» e «injusta». En otra ocasión aseguró que la actual regulación «hace perder oportunidades España».
Fuentes del sector recuerdan además que un informe de Bruselas publicado el pasado mes de diciembre ya concluyó que los conocidos como windfall profit (o beneficios caídos del cielo) «se han moderado en comparación con las condiciones extraordinarias del año anterior (2022)».
Precisamente este lunes los expertos de Funcas vincularon la incertidumbre regulatoria existente con la débil evolución de la inversión. «Para mejorar la inversión hay que dar certeza en el escenario al que se enfrenta el inversor para tomar decisiones. Hace falta dar certidumbre, en toda Europa y en España. El ahorro se está yendo a EE.UU. y a otras partes del mundo», advertía, en un encuentro con periodistas, el director general del servicio de estudios de las antiguas cajas de ahorro, Carlos Ocaña. «La inversión privada sigue por debajo de la registrada en años anteriores y los fondos europeos apenas están sirviendo para compensarlo», añadía.
