Pedro Sánchez y María Jesús Montero, esta semana en el Congreso
La prórroga del impuestazo energético se le atraganta al Gobierno tras prometérselo a Bruselas
Junts traslada que no apoyará el tributo y el Congreso vuelve a retrasar el proyecto de ley. El PNV exige que País Vasco pueda bonificarlo y los empresarios catalanes temen que derive en «competencia desleal»
El Gobierno no logra despejar el camino para hacer permanente el impuesto especial a los ingresos de las compañías energéticas. El Congreso ha vuelto a alargar, hasta el 30 de octubre, el plazo de enmiendas del proyecto de ley que podría hacer permanente los tributos especiales sobre ambos sectores, en medio de un debate cada vez más áspero entre el Gobierno, Sumar, Junts, el PNV y el sector energético.
Junts ha confirmado este martes que no respaldará la prórroga del tributo «bajo ningún concepto», según ha confirmado a la prensa catalana la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, ante el riesgo de que la comunidad pueda perder inversiones tras el anuncio de Repsol. En paralelo, el Congreso ha vuelto a alargar el plazo para incorporar enmiendas al proyecto de ley que propone un tipo mínimo del 15 % en Sociedades, en el que el Ejecutivo busca introducir la prórroga del tributo.
Los gravámenes a bancos y energéticas nacieron en 2022 bajo la figura de prestación patrimonial pública no tributaria. Una fórmula a la que el Gobierno recurrió para evitar problemas de doble imposición, ya que grava fundamentalmente la misma base que el Impuesto de Sociedades. Pero para respaldar la promesa hecha por el Gobierno a Bruselas de hacer permanentes ambos impuestos a partir del año próximo, los jeltzales exigen que se conviertan en tributos ‘con todas las de la ley’, y no «unos gravámenes bastante irregulares», en palabras de Andoni Ortúzar.
Los impuestos a bancos y energéticas son unos gravámenes bastante irregulares
Al no ser impuestos, el Gobierno vasco y el Estado pactaron una compensación económica de 400 millones adicional al Cupo por cada uno de los años de vigencia de los mismos, 2023 y 2024. Las intenciones de la formación jeltzale pasan porque el País Vasco y Navarra asuman las competencias sobre el tributo para «articularlo con nuestra realidad fiscal y nuestra realidad industrial», según el presidente del EBB. El temor de los vascos, expresado gráficamente por Ortúzar, es que su prórroga suponga «matar a la gallina de los huevos de oro».
El impuesto energético es una prioridad para el PNV, entre otros motivos porque afecta directamente a dos de los principales contribuyentes de las Haciendas forales, Petronor (Repsol) e Iberdrola. La revisión del impuesto podría plantear dejar fuera de él a las empresas con predominio de producción de energía renovable y se centraría en las que tienen una mayoría de producción con combustibles fósiles, que básicamente son Naturgy, Cepsa y Repsol, según informó Jordi Benítez en este periódico.
El anuncio de Repsol de que materializará en Portugal una inversión que podría haber sido para España, anticipado por El Mundo y confirmado por este periódico, ha recrudecido el debate en las últimas horas. La energética mantiene hasta 3.000 millones en inversiones en tecnologías de descarbonización paralizadas, como ya anunció durante la revisión de su plan estratégico, a principios de año.
En el aire quedan proyectos de calado como un electrolizador de 100 MW en Bilbao y su ecoplanta de Tarragona, que junto con otro electrolizador, supondría una inversión de hasta 1.100 millones. Ello ha encendido además las alarmas entre el empresariado catalán, que de paso mira con recelo el enroque del PNV.
«Si alguna comunidad autónoma tuviera la posibilidad de compensar el impuesto a las empresas localizadas en su territorio, provocaría un agravio comparativo además de generar una competencia desleal», ha advertido Foment del Treball en un comunicado. A la vez, la patronal cuestiona lo que denomina «una medida centralizadora porque colisiona con la capacidad de toma de decisiones de las comunidades autónomas».
Mientras la patronal catalana presiona al Ejecutivo de Salvador Illa y a los partidos de ámbito catalán para que intenten revertir el gravamen, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ex presidente del PNV, ha reiterado que miles de millones en inversiones se irán de España «por el populismo fiscal» del Gobierno. Y acusó a Sánchez de someterse al «peaje» de Sumar para seguir en el Gobierno. La formación de Yolanda Díaz, por su parte, abogó porque el Estado tome el control de la empresa.
Más de 2.800 millones
El impuesto a las energéticas, pergeñado al calor de la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, grava el 1,2 % sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo que facturasen más de 1.000 millones en 2019. No afecta a los ingresos de las actividades reguladas, como por ejemplo la PVPC de electricidad o la tarifa TUR de último recurso de gas. Repsol ha desembolsado este año unos 335 millones por el impuesto; Endesa, pagó 202 millones; Iberdrola, 157 millones y Cepsa 240 millones. Naturgy, por su parte, cifró en 300 millones su impacto en 2023.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, adelantó la semana pasada que la intención del Gobierno es hacerlo permanente, junto con su gemelo que afecta a los ingresos de las entidades financieras. Ambos tributos (cuya recaudación conjunta supera los 2.800 millones de euros) supondrán buena parte de la subida fiscal de 4.500 millones que el Gobierno ha adelantado a Bruselas en su Plan Fiscal Estructural.
