Sánchez escenifica una reunión vacía de medidas con el sector inmobiliario en plena crisis de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez se han reunido este martes con una treintena de asociaciones del sector de la vivienda. A su término, Rodríguez ha asegurado que el encuentro de este martes ha sido «positivo», aunque la realidad que se vislumbra ha sido completamente otra.

El encuentro ha terminado sin medidas concretas que sirvan para atajas la crisis de la vivienda. Además, fuentes de algunas de las organizaciones que estuvieron presentes en ella han asegurado a El Mundo que ha sido una reunión «más política que productiva» y «más de diagnóstico que propositiva».

Es la tercera cita que el Gobierno tiene con representantes del sector de la vivienda y además de «hacer balance» de las propuestas que estas organizaciones hicieron llegar al Gobierno o que demandaron en otras reuniones, sólo ha servido para que Sánchez avalase la conformación de distintos grupos de trabajo para abordar los problemas de la vivienda «con mayor concreción».

Lo que si ha adelantado la ministra de Vivienda en la rueda de prensa posterior al encuentro, es que se está «ultimando» el índice que regula la actualización anual de los contratos de alquiler. Esta siendo elaborado por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la espera de la supervisión, también, de los equipos técnicos, tanto del Ministerio de Economía como el Ministerio de Vivienda.

La Ley por el Derecho a la Vivienda estableció que el INE definiría, antes del 31 de diciembre de 2024, un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda a partir de 2025, con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento.

Rodríguez también ha indicado que una de sus «prioridades» en lo que queda de legislatura será cumplir con los compromisos adoptados en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, en referencia a las declaraciones de esta mañana de la titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha denunciado en una entrevista que el Gobierno «no está haciendo todo lo posible» para solucionar el problema de la vivienda en España.

La ministra ha defendido de estas acusaciones y ha respondido a Díaz que los compromisos adoptados en el acuerdo en materia de vivienda entre PSOE y Sumar para formar Gobierno «están todos en marcha o cumplidos» y ha aseverado que el Ejecutivo va a «solventar» el problema de la vivienda en España.

Peticiones

Al encuentro con el presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda han asistido la patronal de los promotores (APCE), los constructores (CNC), la banca (AEB, CECA). También otras organizaciones como el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (Cscae) y organizaciones sociales como Hogar Sí Provivienda.

Estas organizaciones han elevado sus peticiones al Ejecutivo, entre las que figuran más viviendas para suplir el déficit de oferta en el mercado, pero también más regulación para defender a los inquilinos.

Desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España han demandado acelerar la transformación del parque de edificios existentes desde una perspectiva integral que incluya viviendas, edificios, manzanas, barrios y también territorios, elevando al 3% la tasa anual de rehabilitación, y construir vivienda nueva allí donde sea necesario.

Desde el sindicato de Comisiones Obreras han pedido apostar por la creación de un gran parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles, con carácter permanente, limitar la proliferación de las viviendas de uso turístico, temporal o habitacional y modificar la Legislación Hipotecaria para facilitar el acceso al crédito hipotecario, limitando las cuotas al 30% de los ingresos del hogar.

El Gobierno les ha trasladado a las organizaciones su compromiso porque el suelo y las viviendas que se construyan con los fondos públicos se mantengan siempre públicas. Así como la promesa de estudiar la propuesta de CCOO de crear un fondo que capte a ahorradores privados, fondos públicos o inversores institucionales, y cofinanciado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para financiar 50.000 viviendas de alquiler asequible al año.

En definitiva, todo promesas y compromisos que habrá que esperar para ver si se cumplen.