Impuestos, impuestos y más impuestos, ¿para cuándo el control de los gastos?

Leo que el Gobierno se plantea un impuesto permanente sobre los beneficios de todas las energéticas. Es decir, en lugar de aplicar el impuestazo solo a las grandes empresas energéticas españolas, nuestro Ejecutivo pretende ahora garantizarse la recaudación de más de 1.000 millones al año, repartiendo la carga entre un número más amplio de empresas. Además, planea convertir en permanente un impuesto inicialmente temporal.

¿Sera el motivo del cambio que el impuesto por este concepto ha disminuido un 30 % en 2024 vs 2023 debido a la menor facturación de las grandes energéticas? ¿o será acaso que el Gobierno quiere ayudar a la empresa?

Cada cual sabrá responderse.

Lo que es evidente es que el Ejecutivo nunca pierde; le resulta indiferente cómo o de quién recaudar, el caso es hacerlo. Lo dicho, controlar el gasto parece innecesario. ¿Para qué, si el bolsillo del contribuyente aparenta ser infinito?

Tras más de una década trabajando en un sector que invierte miles de millones anuales en reducción de emisiones, captación de CO2 y transformación energética, conozco de primera mano la importancia de las ayudas y subvenciones para llevar a cabo las inversiones necesarias que permitan adaptar las industrias a la Agenda 2030. Solo las compañías más fuertes y solventes podrán subsistir en un mundo global en rápida transformación. Y esto no será posible sin ayudas estatales a esa transformación, ni con impuestos elevados, salvo que el objetivo de los Gobiernos sea transferir todos los costes derivados del cambio energético al consumidor final. Está claro que, de continuar la tendencia actual, esa será la única solución. No nos engañemos. No vale decir que «los impuestos los pagarán los ricos o las grandes empresas», porque si estas quieren mantener su sostenibilidad a largo plazo, deberán repercutir los elevados costes del cambio en la misma forma que el Gobierno pretende hacerlo.

Leo (eso sí) que «en paralelo, el Ejecutivo estudia fórmulas para que las compañías puedan desgravar parte de esa carga fiscal, pero siempre a cambio de la reinversión de ganancias en proyectos de transición ecológica y economía sostenible».

Estoy totalmente a favor de impulsar un cambio hacia modelos económicos que reduzcan el impacto ambiental, promuevan el uso de energías renovables y fomenten prácticas empresariales responsables. Sin embargo, es importante reconocer que la transición hacia energías renovables, el reemplazo de combustibles fósiles, la economía circular, las tecnologías limpias, la captura, transporte y almacenamiento de CO2, y el resto de proyectos que contribuyen a minimizar el uso de recursos naturales y a reducir la huella de carbono no son gratuitos. Tales proyectos requieren inversiones de miles de millones que no todas las empresas podrán asumir sin el apoyo estatal adecuado. Como digo, sin ayudas estatales suficientes, ni tributación moderada, las inversiones, deberán repercutirse al consumidor final, incrementadas en la carga que los elevados impuestos supongan. Desgravación, no es una ayuda directa, ni real, sino simplemente la posibilidad de deducción de un importe, previamente invertido.

Si a la actual carrera recaudatoria, se suma la falta de ayudas suficientes para empresarios y empresas españolas, que además compiten en un mundo global, me pregunto: ¿Cuántas empresas podrán sobrevivir a largo plazo y qué nos depara el futuro como país?

Ojalá el Gobierno fuera capaz de tomar las medidas adecuadas, logrando un equilibrio justo entre recaudación, control del gasto y apoyo a las empresas.

• Sonia Fernández Lovelle es abogado especializada en asuntos jurídicos empresariales