La dimensión del fenómeno okupa: «Hay 80.000 casas okupadas, como todo Toledo o Guadalajara»

En plena crisis de vivienda, uno de los grandes campos de batalla está en la okupación ilegal de las casas y en el temor de los propietarios a ser víctimas de este fenómeno. Mientras el gobierno se afana en quitar importancia al problema, asegurando que es «residual» y está en retroceso, tanto Vox como el PP han puesto el foco en un problema que, según coinciden los expertos inmobiliarios, está en gran medida detrás de la falta de viviendas en el mercado del alquiler.

Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, en 2023 se produjeron 15.289 denuncias por intrusión en inmuebles, para un parque inmobiliario total que supera los 26 millones. La cifra es un 8,8 % inferior a las 16.765 registradas en 2022, lo que ha servido de argumento al Ejecutivo. Sin embargo, la tendencia es ascendente desde 2018, cuando se registraron 12.213; y tocó techo en 2021, con 17.274.

En España hay 80.000 viviendas ocupadas y no es una cifra menor aunque el gobierno quiera minimizarla. Equivale a que todo Toledo o Guadalajara estuvieran totalmente ocupadas», en palabras de Paloma Martín, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible y Vivienda del Partido Popular. Según sus datos, cada año en españa se producen 25000 inquiocupacones, «un problema que según los expertos se esta convirtiendo en crónico», afirmó durante la reciente presentación de la propuesta de Ley de Vivienda del PP.

Entre las medidas que los populares han incorporado a su propuesta de Vivienda figura una modificación del indicador que califica la vulnerabilidad económica, recogido por la Ley de Vivienda, de 3 veces el IPREM actual a 1,5 veces. Es decir, de 1.800 euros mensuales a 1.080. El motivo: «Se están pidiendo garantías de 2.000 euros para alquilar un piso y se están produciendo castings para descartar inquilinos», según Martín. «Como consecuencia hay menos pisos para alquilar y los requisitos son inasumibles, sobre todo para los jóvenes».

Por el contrario, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quitó hierro a la okupación, al afirmar, durante un pleno del Congreso de los Diputados, que el riesgo de ocupación ilegal de una vivienda en España es de menos del 0,06 %. «¿Ustedes se creen que si de verdad existiera un riesgo real de ocupación existirían aseguradoras que ofrecen un precio de cobertura por doce o veinticuatro euros? ¿Dónde está el negocio?¿Cuál es el riesgo?», cuestionó Rodríguez, interpelada por Vox.

«La connivencia con la okupación ha generado un mensaje muy peligroso: si usted no paga, el Estado no va a hacer nada y el propietario se queda sin conseguir su renta», advertía, en una reciente entrevista con El Debate, Carlos Hernández Quero, diputado y portavoz de Vivienda de Vox. Para Quero, «la ley de vivienda no es el origen de todos los males, pero los ha acelerado y los ha llevado a una situación completamente traumática. Y no había nadie del sector que no hubiera avisado».

Para los populares, un síntoma de la tolerancia del Ejecutivo con la ocupación está en el bloqueo —«secuestro», en palabras de Paloma Martín— de la Ley antiokupación que la mayoría absoluta del PP aprobó en el Senado en febrero, y de cuya votación en el Congreso sigue sin haber noticias. Cabe recordar además que en España se cumplirán 15 años con los desalojos sobre vivienda habitual limitados para inquilinos vulnerables, pese a que la medida nació con carácter temporal.

Desde el bufete de abogados AF Legis coinciden en modificar las políticas actuales, que «en muchos casos, protegen más a los okupas que a los propietarios legítimos y esto desincentiva la inversión en propiedades y afecta negativamente el mercado inmobiliario». «El miedo a las ocupaciones y la posibilidad que se le reconoce al arrendatario para solicitar una prórroga excepcional de un año (o de tres años si el inmueble está situado en una zona de mercado tensionado) a la finalización del contrato, o de sus prórrogas, si está calificado en situación de vulnerabilidad económica son un impedimento para que un dueño se decide arrendar su vivienda», corrobora un informe de OBS Business School.

«En la práctica, optan por enajenar las viviendas, destinarlas al mercado del alquiler turístico o de temporada o emplearlas en alternativas novedosas, como el flex living, cortas y medianas estancias», añaden. De ahí que la oferta inmobiliaria convencional se haya visto recortada en un 13 % desde la aprobación de la Ley de Vivienda, en abril del año pasado. Mientras, en paralelo, los precios acumulan un alza del 36 %.