Manifestación contra los desahucios
La limitación 'temporal' a los desahucios cumplirá 15 años: «Lo acaba pagando quien contrata nuevas hipotecas»
El sector inmobiliario cuestiona el nuevo aplazamiento pese al final de la pandemia de covid
España estará, al menos, durante 15 años con los desahucios sobre vivienda habitual limitados, después de que el Consejo de Ministros aprobara, este martes, una nueva prórroga. La medida, publicada el miércoles por el Boletín Oficial del Estado, afectará a unos 30.000 hogares, según cálculos del propio Ejecutivo.
La prohibición de los desahucios para familias de especial vulnerabilidad estará así vigente al menos hasta el 15 de mayo de 2018, después de que fuera aprobada por primera vez en 2013 como un alivio temporal tras la crisis económica. Desde entonces, distintas catástrofes, como la pandemia de la covid o la guerra en Ucrania han motivado las sucesivas prórrogas, que sin embargo empiezan a ser cada vez más cuestionadas por el sector inmobiliario.
«Es una noticia nefasta y un paso más en la desaparición de la propiedad privada», valora un economista especializado en el sector. «Un disparate», apuntan otras fuentes especializadas, que ponen el foco en que las sucesivas prórrogas se hayan realizado mediante Real Decreto pese a afectar a la propiedad privada, consagrada en el artículo 33.1 de la Constitución.
Pese a esta limitación el año pasado se produjeron 26.659 desahucios, el valor mínimo de la serie histórica
«Este tipo de medidas siempre deben ser de carácter extraordinario, por circunstancias extraordinarias como la Covid, y con carácter temporal y en un espacio acotado. No se pueden prorrogar de manera indefinida», abunda Julián Salcedo, presidente del foro de economistas inmobiliarios.
Para Salcedo desincentiva el pago de las hipotecas. Y las entidades financieras, aunque el decreto lo prohíba, «acaban transfiriendo los pagos no cobrados a los clientes, en un entorno en el que las hipotecas ya están muy caras. Las hipotecas los añaden a sus gastos de intermediación. El muy vulnerable se acaba acostumbrando a no pagar y quién lo paga es el cliente que contrata nuevas hipotecas», considera el experto.
Pese a esta limitación el año pasado se produjeron 26.659 desahucios, con un retroceso del 30,3 %. Fue, eso sí, el volumen más bajo desde el inicio de la serie histórica, en 2013, por debajo del mínimo alcanzado en 2020, con 29.398.
Aval del Constitucional con un crítico voto particular
El Tribunal Constitucional avaló, el pasado enero, el uso de esta fórmula, al considerar que tiene «interés social». Lo hizo tras un recurso de Vox, que desestimó acogiéndose a que su incidencia «era mínima y temporal», además de poder ser «objeto de compensación económica».
Entonces, cuatro magistrados emitieron un voto particular. Fueron Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, que cuestionaron también que el Gobierno optara por extender la medida a los lanzamientos civiles además de a los penales. Según adelantó El Debate, los magistrados cuestionaron también que sus compañeros «aíslan los periodos de la vigencia de cada decreto como si fueran compartimentos estancos» para justificar el supuesto carácter temporal de la prohibición.
La suspensión de los lanzamientos sobre vivienda habitual de colectivos vulnerables afecta a familias numerosas, familias monoparentales con al menos un hijo a cargo, unidades familiares de las que forme parte un menor de edad o unidades familiares en las que uno de sus miembros tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. También a aquellas familias en las que el deudor hipotecario esté en situación de desempleo, tenga más de 60 años o haya víctimas de violencia de género. Además, el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no deberá superar unos determinados límites en base al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
La nueva prórroga había sido pactada por el Gobierno con Sumar, Podemos y Bildu, a cambio de que estas formaciones aprobaran la convalidación del decreto anticrisis. En las últimas semanas la formación morada había presionado al Ejecutivo, al afirmar que, de no salir adelante, «supondría una pérdida de confianza muy grave».
