Antonio Carroza (Alquiler Seguro): «Limitar los precios reduce la oferta y genera muchas más tensiones»

Antonio Carroza (Ceuta, 1975) es licenciado en Economía por la Universidad de Sevilla. Posee una extensa trayectoria como consultor externo para diferentes entidades financieras, así como consultorías de Outsourcing. Forma parte de distintos Consejos de Administración en empresas de diversos sectores, tales como: consultoría, inmobiliario y automoción. En 2007 fundó Alquiler Seguro y actualmente es su presidente.

Alquiler Seguro cuenta con más de 25.000 contratos y 60.000 inquilinos. Y tiene 61 oficinas repartidas por toda España y 3 en Portugal. Hace 17 años puso en marcha un nuevo modelo en España que supera el modelo clásico de inmobiliaria, para realizar una gestión integral del alquiler durante todos los años que dura el contrato, prestando servicios a propietarios e inquilinos todos los días del año, resolviendo todos los problemas que puedan surgir en el alquiler.

Carroza atiende a El Debate después de las manifestaciones por la vivienda que han recorrido las ciudades de España para defender el derecho a la vivienda y reclamar más medidas. Hablamos sobre ello y muchas otras cuestiones en materia de vivienda.

–A lo largo de este mes miles de personas han salido a las calles de las ciudades españolas a protestar por la crisis habitacional que estamos viviendo. Piden endurecer las medidas recogidas en la Ley de Vivienda.

–Nosotros secundamos todas esas reivindicaciones porque entendemos que el acceso a la vivienda está generando un problema para nuestros jóvenes. Es un problema que no tiene solución a corto plazo y que tienen que empezar a tomarse medidas para que a medio y largo plazo podamos ver resultados, pero endurecer la Ley de Vivienda no es la solución. Esto traería consecuencias mucho peores, porque, en definitiva, lo que estamos viendo es que, en un mercado entre particulares, como es el mercado del alquiler en España, para que la oferta salga al mercado es necesario un contexto de seguridad jurídica y estabilidad que la Ley de Vivienda, desafortunadamente, no lo provoca.

–También han amenazado con una huelga de alquileres. ¿Qué consecuencias traería consigo?

–En España las huelgas de impago del alquiler no están permitidas, no es un vehículo que esté contemplado en nuestra legislación. Con lo cual las consecuencias a las que se enfrentan los inquilinos que dejen de pagar son las que el Derecho Civil plantea: reclamaciones por parte de los propietarios y los desahucios por parte de los juzgados.

–¿Cómo actuaría su empresa en caso de que esto ocurriera?

–Tendríamos que tomar las medidas civiles oportunas para poder resolverlo. Nosotros confiamos en que realmente los inquilinos van a ser coherentes con la situación que estamos viviendo. Por nuestra parte, estamos ayudando a nuestros inquilinos a través del servicio de asistencia. No creo que una huelga sea plato de buen gusto para nadie, ni en nuestro sector ni en ningún sector. El consenso debe llegar, los propietarios y los inquilinos tienen que entenderse. Y lo que si pedimos a la Administración Pública es que tomen las medidas necesarias para que estas tensiones desaparezcan.

–La ministra de Vivienda ha pedido a las comunidades que declaren las zonas tensionadas como ya han hecho en Cataluña y en algunos municipios del País Vasco.

–Todos los economistas ya dijeron en su momento que limitar el precio nunca ayudará a aliviar un mercado tensionado. Para que los precios se estabilicen y bajen es necesario que aumente la oferta. Y en Cataluña, que es donde se ha topado el precio del alquiler, lo que ha ocurrido es una disminución drástica de la oferta y por lo tanto un aumento de los precios. Estos datos están contrastados. El Banco de España lo está reiterando. Todos los expertos lo indican. El observatorio del alquiler lo muestra. Evidentemente, limitar los precios reduce la oferta y genera muchas más tensiones.

Todas las administraciones son responsables de este problema y está en manos de ellas resolverlo

–¿Qué opina sobre que el Gobierno quiera retirar las ayudas a aquellas comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda?

–Es una incongruencia. Por una parte, la Ley de Vivienda deja plena autonomía a las administraciones regionales para poder aplicarla o no en función de sus necesidades. Y por otra, están mezclando estas ayudas a la vivienda, que son necesarias, en un ámbito de chantaje. Todas las administraciones son responsables de este problema: la administración central, las autonómicas y las locales, y está en manos de ellas resolverlo, pero desde la base. Desde los ayuntamientos que tienen que liberar suelo para que se construyan más viviendas; desde las administraciones autonómicas de cada zona que deben legislar para que se produzcan colaboraciones público-privada y se construya más vivienda asequible; y desde el Estado que tiene que tomar estas medidas que son tan necesarias para generar un parque de vivienda en alquiler social, para que las personas más desfavorecidas puedan tener acceso a la vivienda. En definitiva, creemos que debe existir una colaboración de todas las administraciones, independientemente del color político y contando con los agentes del mercado.

–¿El Gobierno les está teniendo en cuenta a la hora de plantear medidas para aliviar la crisis de la vivienda?

–Entiendo, y me consta, que el Gobierno se está reuniendo con las patronales del sector y con las organizaciones que están alentando a la huelga, aunque estas les están dando plantón. A nosotros no nos ha llamado, no tenemos ningún contacto con ellos, pero estamos dispuesto a ello para poder dar nuestra opinión sobre las medidas que se están aprobando.

Instamos a la Administración a empezar a construir para resolver el problema lo antes posible, y a ofrecer seguridad jurídica y estabilidad a los propietarios

–Una de las principales medidas del Ejecutivo es la construcción de vivienda pública para destinarla al alquiler social. ¿Reduciría los precios?

–Reducirá los precios. Pero hay que tener en cuenta que la construcción de vivienda no es rápida. Desde que se promueven hasta que esas viviendas salen al mercado pasan año. Por eso, instamos a la administración a empezar a tomar esas medidas cuanto antes para, evidentemente, resolver el problema lo antes posible. Por otra parte, la vivienda en España está en manos de particulares y son ellos los que pueden devolverle vida al mercado. Para que eso ocurra hay que ofrecerles un entorno de seguridad jurídica y estabilidad.

–Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, llegó a pedir «solidaridad» a los propietarios para bajar el precio de los alquileres.

–Son unas declaraciones un poco extravagantes. Estamos hablando de un mercado de particular con particular. El propietario arrendador en España es un pequeño propietario, que en muchos casos también es inquilino. Querer generar un confrontamiento entre propietarios ricos e inquilinos pobres es darle la espalda al mercado, porque los propietarios que tienen una vivienda en alquiler, probablemente la tengan en el mercado porque esa renta que generan les ayuda a pagar su hipoteca, complementa sus pensiones o es parte de sus ingresos para vivir. En ese sentido el propietario tiene poca capacidad de actuación, porque al final es el mercado el que marca el precio y todo el mundo lo que quiere es obtener la máxima. Hay que tener en cuenta que en España la vivienda ha sido el vehículo más popular de ahorro y durante muchos años, incluso los políticos, nos han incentivado a comprar vivienda como un método de ahorro para el futuro. Ahora no se puede desvincular ese concepto de ahorro y vivienda pidiendo una solidaridad absurda cuando es la Administración la que tiene que tomar todas las medidas para solucionar este problema.

–¿Ve alguna similitud entre esta crisis de la vivienda y la burbuja inmobiliaria de la crisis financiera?

–Yo solamente veo una: la instrumentalización ideológica del problema. Pero en realidad son circunstancias distintas. La burbuja inmobiliaria venía precedida de un crack financiero a nivel internacional, en el caso actual, lo que estamos viendo son tensiones de precios por la falta de oferta. No hay una burbuja que pinchar en el alquiler, no hay fondos que estén entrando en el alquiler para subir los precios y no hay especulación extraordinaria.

Todas las ayudas que promuevan que la justicia sea rápida y que las personas que tienen problemas puedan afrontar sus pagos van a generar mucha más oferta

–El PP anunció a principios de mes que estaba ultimando una Ley de Vivienda que, entre otras cosas, favorezca las donaciones dentro de las familias para comprar una vivienda, facilite el acceso de los jóvenes a la vivienda, tanto a través de la compra como del alquiler, y que incluya exenciones fiscales dirigidas a los caseros.

–Cualquier tipo de incentivo al mercado de alquiler lo vamos a aplaudir. Cualquier tipo de incentivo fiscal o monetario que lo que implique aumentar la oferta, también lo vamos a aplaudir. Pero lo que suponga aumentar la demanda va a generar también tensiones. Por eso es importante que fomentemos el incremento de la oferta.

–También plantea reducir a 1.050 euros el umbral de vulnerabilidad del inquilino para proteger al propietario de la inquiokupación.

–Yo creo que hay que tener una gran protección hacia las personas vulnerables, y el Estado tiene que trabajar, precisamente, para que haya menos personas vulnerables. Definir la vulnerabilidad en función de una cifra a veces es un poco absurdo, porque detrás de una familia que tiene riesgo de exclusión social hay una serie de circunstancias que en muchas veces no son aspectos económicos. En ese sentido el Estado no tiene que mover el umbral de quien es vulnerable, sino evitar que haya familias vulnerables dotando de ayudas económicas a estas familias. Por otra parte, es evidente que un propietario cuando pone su vivienda en el mercado tiene miedo porque se siente desvalido frente a posibles impagos. Todas las ayudas que promuevan que la justicia sea rápida y que las personas que tienen problemas puedan afrontar sus pagos van a generar mucha más oferta.

–¿Qué medidas proponen para acabar con esta crisis de la vivienda?

–Cualquiera que aumente la oferta, como la construcción de vivienda asequible para alquilar con la colaboración público-privada y la construcción de obra nueva. También es importante un marco regulatorio que de seguridad y estabilidad jurídica a los propietarios particulares.