La central de Almaraz deja en entredicho a Ribera: paga en impuestos más que en costes operativos

Teresa Ribera se enfrenta al examen del Parlamento Europeo para ser vicepresidenta de la Comisión en el momento más complicado de su carrera. Aunque la audiencia se centrará en su capacidad para afrontar su nuevo cargo, la comparecencia también incluirá preguntas de corte nacional, donde los bandazos de la todavía ministra de Transición Ecológica sobre la energía nuclear podría desgastar su candidatura.

Ribera incrementó finalmente al 30 % –llegó a plantear el 40 %– la tasa Enresa que pagan las empresas titulares de las centrales nucleares para sufragar la gestión de los residuos radioactivos del combustible gastado, una tarea que lleva a cabo la compañía de titularidad pública Enresa.

En su momento, la aspirante a vicepresidenta de la Comisión aseguró que la gestión de estos residuos a través de la empresa pública es «el modelo más eficiente con el que se cuenta».

El sector tomó la medida con estupefacción, ya que en la práctica suponía un mazazo para su continuidad, cuestionada por el Gobierno por una cuestión de sostenibilidad. El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, definía muy bien la situación hace unos días: «No puede ser que se diga que una tecnología no es competitiva, cuando no es competitiva por la carga de impuestos».

Aunque la carga impositiva es distinta en función de la comunidad en la que se encuentren, las centrales pagan una media de 18 euros en impuestos más 10,3 euros el megavatio hora por la tasa Enresa, que se ha incrementado un 30 % tras otra subida del 20 % respecto a 2019.

Almaraz, que acaba de finalizar la recarga de la primera unidad de la central, ha revelado que aporta anualmente unos 450 millones de euros por la subida de dicha tasa, de los que alrededor de 100 millones corresponden a Extremadura, «lo que supera a todos sus costes operativos juntos y supone una asfixia económica para la central».

Su cierre, previsto para 2028, será un duro golpe a la economía de la región ya que, además del pago de impuestos, genera 3.000 puestos de trabajo de alta cualificación a los que hay sumar otros 1.200 adicionales en cada recarga.

Esta central, que tiene previsto su cierre en 2028, es una infraestructura clave para la región gracias a los 3.000 empleos de alta cualificación que genera, que aumentan en 1.200 adicionales en cada recarga, y su importancia en la economía local. Ya veremos cómo justifica Ribera este disparate.