El impuestazo de PSOE y Sumar crispa al sector inmobiliario pese a las dudas de que salga adelante

El pacto de PSOE y Sumar para endurecer el régimen fiscal de las Socimis ha caído como una bomba en el sector inmobiliario. Este lunes, ambas formaciones sorprendían con una propuesta para acabar con las ventajas fiscales de este tipo de sociedades, que «sólo tributan al 1 % en el Impuesto de Sociedades».

A pesar del beneficio fiscal, argumentan, no ha servido para mejorar la oferta de viviendas. El sector, sin embargo, defiende que su régimen es idéntico al existente en otros países del entorno, y ya barajan deslocalizaciones si la propuesta prospera.

«A la vista de las circunstancias, la compañía evalúa en estos momentos distintos escenarios y planes de contingencia (...) sin excluir ninguna posibilidad legal a nuestro alcance», advertía en un comunicado remitido a la CNMV Merlín Properties, la principal Socimi del Ibex. La compañía que preside Ismael Clemente cuenta con una cartera valorada en 11.270 millones de euros, y perdió 83,5 millones de euros en 2023 por la caída en la valoración de sus activos.

«Este tipo de modificaciones convierten al mercado español en territorio prohibido para la inversión internacional», trasladó a Ep el presidente de Colonial, Juan José Bruguera. «Colonial reevaluará su estrategia de inversiones y la ubicación de sus actividades y de su estructura jurídica, y adoptará, en su caso, las medidas que mejor convengan al interés de sus accionistas e inversores», añadió.

Merlín y Colonial, las dos grandes Socimis cotizadas, acogieron el anuncio de PSOE y Sumar con fuertes caídas bursátiles, del 7 y el 5 por ciento. Ello a pesar de que en el sector dudan de que la medida pueda salir adelante por las reticencias del resto de socios habituales del Gobierno, en particular PNV y Junts. Fuentes del sector dudan de que el Gobierno logre sacar adelante la nueva subida fiscal, que califican de «boutade», pero sí remarcan el impacto sobre la debilitada imagen de seguridad fiscal en España, que ya está lastrando la inversión extranjera en nuestro país.

Según la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI), la reforma podría volatilizar hasta 15.000 millones de euros de operaciones en inversión. Supondría «un retroceso en la competitividad respecto al resto de países europeos y agravaría los problemas que ya existen en el mercado», según la asociación, que agrupa a BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills.

120 Socimis

En España existen unas 120 Socimis, la versión española del régimen conocido internacionalmente como REITT. Estas figuras fueron creadas en 2009 por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y desarrolladas después por el de Rajoy para tratar de reactivar el mercado inmobiliario tras la crisis de 2012. La legislación establece como condición para su régimen fiscal favorable que repartan la mayor parte de su beneficio.

«El «impuesto» nos va a salir muy caro, a las personas físicas, a las jurídicas, y especialmente al sector inmobiliario, porque el régimen especial fiscal de las SOCIMIs funciona en todo el mundo occidental para canalizar la inversión no solo de las grandes corporaciones o grandes patrimonios, sino también de los pequeños inversores».

Solo en EEUU, cuenta Salcedo, hay unos 1.100 REITs, de ellos unos 225 cotizados. Hay casi 1.000 REITs cotizados en el mundo, presentes en más de 40 países, por supuesto, en todos los miembros del G7, con una capitalización bursátil de 2 billones de dólares. «Se ve que nuestros políticos son de mirada corta y no saben distinguir lo que es tributar en la fuente y hacerlo en destino, por eso dicen que tributan al 1 %», lamenta Salcedo, que pese a todo reconoce la necesidad de abordar un cambio en su fiscalidad «para que se acerquen a cumplir su verdadera función: canalizar el ahorro de los pequeños inversores a los inmuebles, que, por el tamaño de la inversión que requieren, no son accesibles a los inversores pequeños».

«Las Socimis en España nunca han cumplido su función, que era dar acceso a la inversión inmobiliaria a los pequeños ahorradores», detalla Salcedo. «En realidad son, en su mayoría, vehículos de inversión «cerrados», para aprovechar un régimen fiscal especial ventajoso, aunque eso no es necesariamente malo, porque no tributando en la fuente lo hacen en destino. No están exentas de impuestos, tienen que distribuir los beneficios, tienen que mantener los inmuebles en cartera 3 años, etc., pero la realidad es que en su mayoría (no las cotizadas) simplemente han cambiado de SA o SL a Socimi».