El CEO de Merlin culpa a los «comunistas de Sumar» y PSOE de «abrir las puertas del infierno» a las socimi

El consejero delegado de Merlin, Ismael Clemente, ha asegurado que «los comunistas de Sumar», junto con el PSOE, «abrieron la puertas del infierno» a las socimi, al proponer el pasado lunes la eliminación de este régimen fiscal del que se benefician este tipo de empresas.

Así lo ha manifestado en una conferencia con analistas, que normalmente se convocan para explicar las cuentas de la empresa pero que este viernes ha comenzado dando su opinión sobre este acuerdo político, que motivó una caída superior del 7% en Bolsa para Merlin Properties el martes, tras conocerse el acuerdo.

Clemente ha asegurado que el Ibex 35, índice en el que Merlin cotiza, se ha visto afectado por este «populismo» y que, pese a que la eliminación de las socimis es solo una propuesta y no se ha materializado, su cotización todavía no se ha recuperado de esa caída.

El directivo ha defendido que la ley en la que se enmarca esta propuesta, una trasposición de una directiva europea para aplicar un tipo mínimo de tasación a las multinacionales, ya dejaba fuera de ese mínimo a las socimi, algo que el PSOE respetaba inicialmente.

Sin embargo, Sumar, partido al que Clemente se ha referido como comunistas, acordó posteriormente con el PSOE esta medida, pese a que el directivo ha trasladado que los socialistas «siempre han manifestado que entienden la motivación social y económica de las socimi».

Según Clemente, el acuerdo no ha tenido aún el consenso suficiente para ser aprobado, «ya que no fue consultado ni apoyado por los cuerpos técnicos del Gobierno ni de la oficina económica de la presidencia, así como tampoco por los partidos conservadores catalán y vasco», en referencia a Junts y PNV.

En cualquier caso, la compañía ha calculado que, en caso de aprobarse finalmente, el impacto se traduciría este 2024 en una merma máxima del 8,5 % del beneficio operativo, lo que reduciría en igual proporción el dividendo.

El directivo ha explicado que los créditos fiscales que todavía tiene en su balance desde la adquisición de una serie de activos de Metrovacesa en 2016 permitirían limitar el impacto «durante unos cuantos años y hasta que se recupere el sentido común».

También ha admitido que no habría ninguna diferencia entre que la empresa se quedase en España o se trasladase a otro país, ya que sus activos españoles quedarían supeditados a los impuestos españoles, aunque sí ha señalado que, con sus actuales activos portugueses y los que tienen en desarrollo en ese país, el porcentaje de su cartera fuera de España llegaría al 20 %, lo que reduciría el impacto.