Qué son las socimi y por qué el Gobierno quiere acabar con su fiscalidad especial

A comienzos de esta semana el PSOE y el Sumar pactaban un nuevo paquete fiscal con nuevas subidas de impuestos para 2025. En el acuerdo, se incluye suprimir el régimen fiscal de las Sociedades de Inversión Inmobiliarias (socimi) a las que actualmente les permite pagar un 1 % en el Impuesto de Sociedades, frente al 25 % de tipo general.

El sector inmobiliario ha estallado contra esta medida, porque consideran que no se ajusta a la realidad de este tipo de sociedad y que únicamente está sustentada en fundamentos ideológicos.

Las socimi son sociedades anónimas cotizadas, la versión española del régimen conocido internacionalmente como REITT. Su actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de inmuebles para alquilarlos directamente o a través de participaciones en el capital de otras Socimi.

Estas figuras fueron creadas por ley en 2009 por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, pero no llegaron a España hasta 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy cambió la normativa y bajo su fiscalidad de un 15 % a un 1 %. Ese régimen especial consiguió atraer a grandes inversores internacionales que dinamizaron el sector, deprimido por la crisis inmobiliaria.

A cambio de esta singular tributación deben invertir al menos el 80 % de su activo en inmuebles urbanos destinados al alquiler y es obligatorio que los mantengan arrendados durante al menos 3 años. Además, están obligadas por ley a repartir al menos el 80 % de sus dividendos entre los accionistas, que tributarán por ellos al 19 %. Por lo que, aunque a esas ganancias no se les aplica el Impuesto de Sociedades sí que están sujetas al IRPF o Sociedades, dependiendo de si se trata de una persona física o jurídica.

Además, los beneficios no distribuidos tributan al 15 % desde 2021, cuando Podemos estaba en el Gobierno y lo negoció con el PSOE.

Sumar pretende ahora que las socimi sean sociedades «como otras cualquiera», porque la tributación de estas al 1 % en el impuesto de sociedades «no ha servido para mejorar la oferta de viviendas».

Es cierto que solo una parte de las socimi se dedica al alquiler de viviendas, porque en muchos otros casos están controladas por un único accionista que usa esta figura para eludir el pago de impuestos. Pero hay otras como Merlin Properties, basadas en introducir en el mercado estructuras empresariales activas, con medios y personal directamente afectos a la actividad (por contraposición a los fondos), que se ocupan de promover, construir, adquirir y operar infraestructuras necesarias, modernas y sostenibles para los diferentes sectores económicos (oficinas, centros comerciales, logística, centros de datos, hoteles, parkings o torres de telefonía).

Todo ello con liquidez diaria y como forma de ahorro popular para los particulares e indispensable para el correcto funcionamiento de fondos de pensiones, fondos de inversión, mutuas, aseguradoras, family offices y fondos soberanos: «Su régimen tributario permite eliminar la doble imposición al tiempo que garantiza equilibradamente un determinado nivel de tributación efectiva, la distribución puntual de beneficios y la rentabilidad de ahorradores e inversores. Este régimen es un gran activo para el crecimiento de la economía española».

Consecuencias

La Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) ha pedido «cautela» ante los cambios que el Gobierno está estudiando llevar a cabo para eliminar el régimen fiscal de las socimis.

Fuentes del supervisor advierten de que llevar a cabo cambios en las condiciones fiscales de estas empresas cotizadas puede tener «efectos significativos en la cotización e incentivar la deslocalización de las mismas a otros mercados europeos».

La Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales (Apresco) ya ha advertido del posible cierre de los centros y parques comerciales que se encuentren en una situación económica complicada si el Gobierno aprueba la supresión del régimen de socimis.

La patronal argumenta en un comunicado que algunos centros no podrían absorber el incremento fiscal que supondría para las empresas operadoras dejar de ser socimis (lo que supone pagar un 1 % de impuesto de sociedades) y pasar al tipo general de hasta el 25 %, con la consiguiente pérdida de actividad económica, empleo y recaudación tributaria.

Por su parte, La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) ha advertido de que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno dirigida a las socimis pondría en riesgo hasta 15.000 millones de euros de operaciones en inversión desde 2014 en el sector en España.

Las principales consultoras inmobiliarias de España miembros de ACI –BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills– creen que esto representaría «un retroceso en la competitividad respecto al resto de países europeos y agravaría los problemas que ya existen en el mercado».