El huerto privado de Mohamed VI amenaza al campo español ante la indiferencia del Gobierno

Los agricultores españoles han exigido la suspensión inmediata del acuerdo de libre comercio con Marruecos después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya sentenciado que viola el derecho internacional. El sector advierte que la competencia desleal del país africano, personalizado en empresas propiedad del propio monarca alauí, afecta directamente a los productos españoles.

El pasado mes de octubre, este Tribunal declaró nulos los acuerdos de pesca y agricultura firmados en 2019 entre la UE y Marruecos al no contar con «el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental», pero daba un margen de un año para ejecutar el veredicto para evitar «las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión».

Este tiempo de espera para su anulación es el que más preocupa a los agricultores españoles, que llevan tiempo denunciando las consecuencias de la competencia desleal que sufren «bajo las condiciones perniciosas del acuerdo».

El coste de la mano de obra en explotaciones hortofrutícolas supone el 50 % el total de coste de producción, especialmente en ciertos productos como el tomate o la judía verde, y es ahí donde se encuentran las mayores diferencias. «El jornal de trabajo en Marruecos está en torno a los ocho euros diarios, mientras que aquí el coste de la hora se sitúa en los diez euros», explica Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

«La normativa fitosanitaria marroquí, además, permite el uso de productos para combatir plagas que en Europa son ilegales, por lo que les es más fácil producir al contar con más herramientas. También el espacio fiscal es muy beneficioso», añade.

En los años setenta, el rey Hassan II aplicó una exoneración fiscal «de facto» —nunca se articuló como texto legal— para las empresas que se instalaran en el Sáhara Occidental con el objetivo de incentivar a los saharauis a sedentarizarse. Sin embargo, esta medida solo sirvió para que multitud de compañías extranjeras, francesas y españolas principalmente, aprovecharan este paraíso fiscal a pesar de ejercer su actividad en las regiones del norte de Marruecos.

A comienzos de este siglo, numerosas empresas de horticultura empezaron a ocupar las afueras de la ciudad de Dajla, la antigua Villa Cisneros, gracias a unas condiciones climatológicas envidiables para el cultivo de tomate, melón y cítricos, fundamentalmente. Estas plantaciones, no obstante, son explotadas por marroquíes procedentes del Sus en parte por desconfianza y en parte por la estrategia del Gobierno para reducir la presencia de saharauis en la región, como destaca el informe Derechos humanos y empresas transnacionales en el Sáhara Occidental elaborado por COAG y Mundubat

Fraude del tomate

Los agricultores españoles llevan años denunciando los incumplimientos en la trazabilidad y el etiquetado de los tomates —el 80 % de la producción de la zona es de este producto— procedentes de Dajla, que son transportados hasta Agadir para ser mezclados con el resto de la producción, impidiendo conocer su origen real.

Marruecos ya ha aprobado una opaca estrategia conocida como el plan Generation Green 2030 con el que pretende llegar a las 5.000 hectáreas de cultivo en las zonas productivas del Sáhara Occidental, una estrategia, según Góngora, que forma para de la estrategia de Rabat «para forzar a la comunidad internacional a reconocer su soberanía sobre los territorios ocupados del Sáhara Occidental y blanquear así los abusos e ilegalidades que llevan cometiendo durante décadas contra los saharauis».

Las plantaciones son propiedad de unos grandes grupos propiedad del actual monarca alauí, Mohamed VI, y cercanos. Una de ellas es Les Domaines Agricoles, perteneciente al holding del rey, y cuya información societaria está considerada como de estrictamente confidencial, según el informe de COAG y Mundubat. Una filial de esta sociedad, Group d’Exportation des Domaines Agricoles (GEDA) es la encargada del almacenamiento, empaquetado y transporte, y está asociada a Frulexxo, basada en Perpignan, desde donde se distribuyen frutas y verduras a toda Europa.

Caída de las importaciones

Las importaciones de tomate procedente de Marruecos, de hecho, han crecido exponencialmente a lo largo de los años —en 2022 llegaron a suponer el 48 % del total— al tiempo que las exportaciones españolas se han reducido prácticamente a la mitad.

Según datos de COAG, en este último cuarto de siglo las importaciones de hortalizas en la UE procedentes de la Marruecos han crecido un 150 %. En el caso del tomate marroquí, su volumen de entrada casi se ha triplicado por el mayor atractivo de los envíos.

Esta situación ha perjudicado a la producción española. En Almería, la caída del área de cultivo de esta hortaliza ha sido de 2.200 hectáreas en solo cinco años, una quinta parte de la superficie total para este producto, con el consiguiente perjuicio para la economía de la región.

Y todo esto bajo la total indiferencia de las autoridades españolas que, nada más conocerse la sentencia del TJUE, se apresuraron a afirmar que las relaciones entre Marruecos y la UE están «por encima» del fallo del Tribunal. Góngora reconoce que los intereses económicos «están ahí», pero el «silencio político» tiene más que ver con «el chantaje que Marruecos permanentemente hace a España con los temas migratorios y de narcotráfico».

«Marruecos utiliza las relaciones comerciales como un elemento de chantaje a cambio de colaboración diplomática o institucional. Por eso el Gobierno de España tiene un perfil tan bajo ante una sentencia como esta: se calla para no molestar a la clase política marroquí. Es una vergüenza que no tome una posición de liderazgo», comenta.

Marruecos mira a Rusia

La duda ahora es qué ocurrirá con el acuerdo. La UE y Marruecos están obligadas a iniciar un nuevo proceso de negociación que no incluya los productos procedentes del Sáhara Occidental, pero todo apunta a que no será necesario. Poco después de conocerse la sentencia, Marruecos anunció una ampliación del acuerdo pesquero que tenía Rusia incluyendo «las provincias del sur», eufemismo para referirse al territorio pendiente de descolonización. Asimismo, ha cerrado un acuerdo con el Reino Unido para el tránsito de mercancías desde Agadir.

Una solución sería obligar a las empresas que importen a España alimentos de territorios ocupados por Marruecos que indiquen claramente su origen en el etiquetado, como ya recordó el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, sobre los productos procedentes de Israel.

El objetivo entonces, como señaló el ministro, es que los consumidores tengan a su disposición estas indicaciones en los alimentos etiquetados «para garantizar su derecho a recibir una información veraz sobre el origen de los productos, especialmente, ante la crítica situación que se vive en Oriente Medio». Cuestión de perspectiva.