Incertidumbre en las empresas a la espera de la votación del plan fiscal: «¿Quién va a invertir en España?»

Incertidumbre máxima entre las empresas españolas tras el esperpento vivido el lunes y el martes en el Congreso de los Diputados. La caótica negociación, con cuatro horas de parón incluido, deja grandes dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante no ya los Presupuestos sino algunas de las medidas fiscales comprometidas ante la Cámara, dado que el Ejecutivo llegó a prometer, casi a la vez, una cosa y la contraria.

La gran duda entre los empresarios, vista la inédita situación parlamentaria de la frágil mayoría que sustenta al Gobierno, es qué se materializará finalmente de todo lo aprobado el lunes. «No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar», vino a admitir este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que cuestionó que se haya aprovechado «una norma europea, donde además los fondos europeos van a venir como consecuencia de aprobar esa norma, para incluir un montón de medidas adicionales de cualquier tipo».

A la espera de la votación del jueves, que depende entre otras cosas de amarrar el dudoso apoyo de Podemos –partido no representado en la Comisión de Hacienda– parece encarrilado el impuesto mínimo a las multinacionales con los votos de PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, Bildu y BNG y el voto en contra de PP y Vox. De salir adelante, se validará también el incremento de la base liquidable del ahorro del 14 al 15 % para las rentas de más de 300.000 euros, que los socialistas acordaron con Junts mediante una transaccional.

De salir adelante también verán la luz las deducciones en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética y para combatir el fraude en el IVA de hidrocarburos. También el alza fiscal prevista al vapeo, con lo que los líquidos para vapeadores que contengan hasta 15 mg de nicotina por mililitro pagarán 0,15 euros por mililitro, y aquellos que superen esa concentración, el impuesto subirá a 0,20 euros. Además, las bolsas de nicotina tendrán una tarifa de 0,10 euros por gramo. Igualmente ha salido adelante el alza impositiva a los pisos turísticos, del 10 % actual al 21 %.

El impuesto energético se ha convertido en paradigma de la creciente inseguridad jurídica que, según los empresarios, viene lastrando la inversión en España en los últimos trimestres. Pese a prometer hace semanas su final, el PSOE aceptó prorrogarlo durante un año junto a ERC, Sumar y Bildu, eso sí, mediante un Real Decreto Ley, es decir, fuera ya del paquete fiscal que el pleno del Congreso votará este jueves en el marco del impuesto mínimo del 15 % a las multinacionales que exige Bruselas.

«Todo es ahora mismo muy confuso en España en lo referido a la regulación», se veía obligado a explicar a los analistas el consejero delegado de Endesa, José Bogas. El directivo confiaba en el escueto comunicado emitido de madrugada por Hacienda, y que venía a desmentir el acuerdo alcanzado en la Comisión de Hacienda: «El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no grabar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización».

«¿Quién va a invertir en España si no tenemos la necesaria seguridad jurídica, si no conocemos las consecuencias de las normas que cambian en una tarde varias veces. Todas estas decisiones van a tener consecuencias», pronosticaba la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, cuestionando además que no se haya seguido un proceso «ordenado, transparente, que dé confianza a los ciudadanos y al mercado».

Representante del otro sector estratégico afectado por los continuos vaivenes de la mayoría de investidura, Kindelán puso el foco en que el pacto de última hora entre el ala izquierda que sustenta el Gobierno –ERC EH Bildu y BNG– contempla no solo elevar el nuevo impuesto a los «en su tramo más alto», sino también «dirigir» toda la recaudación a las Comunidades Autónomas y Haciendas forales, lo que, adelanta, implicará la fragmentación del sector financiero en función de las preferencias de cada gobierno autonómico. A diferencia del tributo energético, el pleno de este jueves aún podrá aprobar el impuesto bancario, algo que previsiblemente se hará mediante alguna de las enmiendas que quedaron ‘vivas’ tras la Comisión de Hacienda.

Lo que sí ha quedado descartado, al menos por ahora, son las alzas pactadas al litro de diésel para equiparar su fiscalidad a la gasolina (unos nueve céntimos por litro a 14 millones de conductores), los seguros de salud (que iba a afectar a 12 millones de beneficiarios con un recargo del 8 %) o las sociedades de inversión inmobiliaria. Algunas de las conocidas como Socimis, como Colonial o Merlín, habían avanzado su intención de mover su sede del país de salir adelante.