Banca, energéticas, diésel, seguros de salud... qué impuestos suben y cuáles se han caído en la agónica reforma fiscal del Gobierno

Tras una semana de negociación rocambolesca, el Gobierno logró al final contar con los apoyos necesarios para sacar adelante una reforma fiscal más descafeinada de lo que se llegó a plantear. El Congreso de los Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley por el que se establece un impuesto complementario a los grupos multinacionales, al que se han incluido diversas enmiendas que afectan a la fiscalidad de todas las empresas, a los bancos o al vapeo, entre otros.

Lo troncal era, inicialmente, transponer una directiva europea que obliga a imponer un tipo mínimo del 15 % sobre el resultado contable ajustado para las grandes multinacionales. El tributo afectará a las compañías con una facturación superior a 750 millones de euros, lo que según estimaciones de Hacienda engloba a 126 grupos españoles y unos 700 con matriz extranjera y filial española.

El nuevo impuesto fue aprobado por el Consejo de Ministros en junio y convivirá con el existente hasta ahora. Busca evitar que las empresas puedan cambiar de domicilio social su matriz para pagar menos impuestos. Es decir, si alguien no grava al 15 %, el resto de países podrán hacerlo sobre las filiales que operen en su territorio. Según algunas estimaciones, permitirá recaudar unos mil millones de euros. De no haber salido adelante, España se exponía a una sanción de Bruselas.

Además, el Gobierno decidió añadir numerosas enmiendas a dicho trámite parlamentario, para así poder cumplir con la promesa de reforma fiscal prometida a Bruselas a cambio del quinto pago de fondos europeos, de 7.200 millones de euros. Sin embargo, la falta de apoyo por parte de sus socios ha obligado en las últimas semanas a una intensa negociación, que ha supuesto que en los últimos días se propusiera la aprobación de algunos tributos más, si bien no todos pudieron pasar la votación.

En particular, durante la Comisión de Hacienda del pasado lunes (que se alargó hasta la madrugada precisamente por la falta de respaldo inicial de ERC, Sumar o Junts), los socialistas acordaron con Junts modificar el último tramo de la tarifa aplicable a la base liquidable del ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En concreto, se incrementará el tipo marginal máximo en dos puntos porcentuales, pasando del 28 % actual al 29 %. Este último tramo de tarifa aplica para la parte de base liquidable del ahorro que exceda de 300.000 euros. Esto afecta a rentabilidad por los intereses de las cuentas corrientes y depósitos, la rentabilidad por los dividendos de las acciones, así como el resultado de los fondos de inversión y la venta de acciones. También afectaría la tarifa aplicable en el régimen de impatriados respecto a dividendos, intereses y ganancias patrimoniales.

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2025 se creará un nuevo Impuesto sobre Líquidos para Cigarrillos Electrónicos y Otros Productos relacionados con el Tabaco, que grava los líquidos para cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina y otros productos de nicotina. Igualmente se han aprobado deducciones en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética y para combatir el fraude en el IVA de hidrocarburos.

El paquete fiscal afectará además a todas las empresas, al reintroducirse en la Ley del Impuesto de Sociedades las medidas fiscales que anuló hace pocos meses el Tribunal Constitucional. Según Hacienda, no recuperar estas medidas hubiera abierto un agujero al fisco de hasta 5.000 millones de euros anuales.

En concreto, con efecto desde el 1 de enero de 2024, se vuelven a introducir los límites en la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios previos; el límite del 50 % en la aplicación de las deducciones por doble imposición interna o internacional, para los contribuyentes con, al menos, un INCN de 20 millones de euros. E igualmente la reversión automática de las pérdidas por deterioro de valores representativos del capital social o fondos propios de entidades.

Lo más polémico, no obstante, han sido los impuestos a bancos y energéticas. Ambos se aprobaron inicialmente como prestaciones patrimoniales no tributarias con la intención de que decayeran al acabar este ejercicio. La presión de sus socios ha obligado al PSOE a moverse en terreno pantanoso, dado que la izquierda apuesta por mantenerlos y endurecerlos y el PNV exigía su cesión a las haciendas forales.

El resultado de conveniencia es que, mediante una enmienda, el impuesto a la banca se mantendrá al menos tres ejercicios más. Además, se reconfigurará como un impuesto al uso para gravar el margen de intereses y comisiones, y su recaudación se distribuirá entre las autonomías según su PIB.

De este modo, el tipo sería del 1 % hasta los 750 millones, del 3,5 % hasta los 1.500 millones, del 4,8 % hasta los 3.000 millones, del 6 % hasta los 5.000 millones y del 7 % desde 5.000 millones en adelante. La actual prestación patrimonial, que ha recaudado 1.695 millones de euros este año, se aplica sobre el 4,8% del margen de intereses y comisiones de las entidades, pero solo de aquellas cuyos ingresos superaran los 800 millones en 2023, afectando solo por tanto a las nueve principales entidades del país.

Más complejo si cabe es el destino del impuesto energético. El PSOE aceptó hace varias semanas no prorrogarlo ante la presión de las compañías energéticas, que caló en Junts ante el temor a la pérdida de inversiones de Repsol en Tarragona. Sin embargo, Sumar y Podemos exigían su mantenimiento. De ahí que, para evitar el naufragio de todo el paquete fiscal, el Gobierno se haya comprometido a mantenerlo al menos durante todo el año 2025. Este impuesto, no obstante, se quedó fuera del paquete negociado ayer y deberá retomarse mediante un posterior Real Decreto-ley o, según arrancó Podemos, mediante una proposición de Ley. Para cumplir con Junts, deberá contemplar exenciones a las empresas que inviertan en descarbonización, aún por acordar.

Por el camino, no obstante, han quedado fuera del pack las alzas al litro de diésel para equiparar su fiscalidad a la gasolina (unos nueve céntimos por litro a 14 millones de conductores), los seguros de salud (que iba a afectar a 12 millones de beneficiarios con un recargo del 8 %) o las sociedades de inversión inmobiliaria. Algunas de ellas, como Colonial o Merlín, habían avanzado su intención de mover su sede del país de salir adelante.

Asimismo, este jueves se ha rechazado también aumentar el IVA de los pisos turísticos del 10 al 21 %, así como el impuesto a los bienes de lujo, como jets, yates o vehículos de altas prestaciones, exigencias ambas de Sumar.