La justicia de EE.UU. allana el camino para pedir embargos contra España por las renovables a partir de 2025

Avanza el frente judicial en Estados Unidos por los impagos a los inversores que apostaron por las renovables en España. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ha rechazado esta semana, por unanimidad, la solicitud de revisión de los tres casos que actualmente se juzgan en el país. Esto, según los reclamantes, allana el camino para solicitar embargos contra bienes españoles en el país en los primeros meses de 2025.

«Desde principios de 2025 se podrían hacer las primeras peticiones de embargo, si continúan los impagos», confirma a El Debate un portavoz que representa los intereses de la mayoría de empresas afectadas. Los afectados resaltan además el carácter unánime de la nueva decisión de la justicia americana, la última de una cascada de fallos contra los intereses del Gobierno español.

«Ningún juez del tribunal consideró necesario llevar ninguno de los tres casos analizados al proceso de revisión completa que pedía España. Además, el fallo destaca que ni siquiera el respaldo de la Comisión Europea logró persuadir al tribunal», indican los afectados. Los tribunales estadounidenses tienen sobre su mesa tres demandas de inversores contra España, y al menos otra decena de compañías estaría barajando pleitear en EE. UU.

La reclamación más cuantiosa procede de la estadounidense NextEra, que solicita 290 millones y otros 5 en concepto de intereses de demora. Además, la luxemburguesa 9REN pide 40 millones, y otros 3,5 en concepto de intereses. Y la japonesa JGC solicita otros 23,5 millones, y otros 5,5 adicionales en concepto de intereses de demora.

«La mano está tendida. Los fondos ofrecen reinvertir parte del dinero en España y poner fin a los litigios. Pero si siguen los impagos habrá nuevas peticiones de embargo en todos los países donde la justicia lo autorice», afirman fuentes de los reclamantes.

Incautaciones en Reino Unido

La justicia británica fue la primera que, en noviembre de 2023, autorizó el embargo de bienes españoles en territorio británico por los impagos. Entre ellos, la sede del Instituto Cervantes en Londres, la sede del organismo de promoción económica de Cataluña, Acció, y cuatro cuentas del Estado, con más de 800.000 euros en saldo, ligadas a una reclamación de Infrared. El pasado verano también embargó la participación de Aena en el aeropuerto de Luton, si bien dicho embargo fue finalmente levantado tras un acuerdo entre las partes.

También la justicia australiana ha autorizado el embargo de bienes españoles por los impagos, que se remontan a las jugosas compensaciones que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente, su Ejecutivo y el de Mariano Rajoy, ya en plena crisis financiera, recortaron dichas compensaciones, lo que según los reclamantes afectó gravemente a las rentabilidades comprometidas en los proyectos.

Los reclamantes aseguran que hay 25 laudos arbitrales pendientes de pago por parte de España, que ascienden a más de 1.560 millones de euros. A esta cuantía habría que sumar otros 330 millones en sobrecostes financieros y legales.