Teresa Ribera Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva para una transición limpia, justa y competitiva y ya exministra de Transición Ecológica
Afectados por las renovables avisan de que los impagos frenarán la inversión en España
«Con los impagos encima de la mesa es imposible generar confianza», aseguran
Los impagos del Gobierno a los inversores por las primas a las energías renovables pueden suponer un freno para atraer nuevas inversiones en descarbonización. Así lo advirtieron algunas de las más de medio centenar de compañías afectadas por la retirada retroactiva de ayudas, que ha generado una cascada de denuncias contra España en los tribunales internacionales de arbitraje.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), actualizado el pasado mes de septiembre, contempla una inversión de 308.000 millones de euros hasta 2030. El 37 % de la inversión tendrá por destino las energías renovables, el 28 % irán a ahorro y eficiencia, el 17 % a redes energéticas y un 17 % a la electrificación de la economía, que debería alcanzar el 35 % en 2030.
«¿Ahora España y Bruselas quieren convencer a los inversores que arriesguen su capital para impulsar el hidrógeno? Con estos impactos encima de la mesa, es imposible generar confianza», advertía la abogada danesa Lena Sandberg, socia de K&L Gates, durante la IV Conferencia Internacional sobre Energías Renovables, Inversión y Seguridad Jurídica, celebrada en Bruselas.
La situación se remonta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó jugosas compensaciones para los inversores que apostaran por instalar capacidad de generación renovable en España. Por entones, el coste del MW era diez veces mayor que en la actualidad, y los incentivos permitieron que España captara hasta 70.000 millones en inversiones. Sin embargo, la crisis financiera obligó a recortar posteriormente dichas ayudas de manera retroactiva, lo que dejó atrapadas a centenares de empresas.
«Los datos muestran que cada vez hay menos inversión en este lado del mundo. Hacer negocios en Europa se ha vuelto cada vez más complicado, porque se interfiere en las decisiones de mercado de arriba a abajo. Me recuerda a lo que pasaba hace décadas en los países del Este», abundó Thomas Hopp, CEO del grupo Aream, parte en la reclamación del caso SolEs Badajoz contra España.
El Gobierno se niega a dar cifras
De que se cumpla la estimación del Gobierno dependerá la creación de 560.000 empleos el crecimiento de hasta 3,2 % del PIB. Manuel de la Rocha, secretario de Estado y jefe de la oficina económica de Moncloa, precisamente volvió a pedir esta semana apoyo a las compañías multinacionales para que inviertan en España y poder hacer realidad el Pniec. «Necesitamos acompañamiento», aseguró, durante el 11º congreso de Multinacionales con España.
Según las estimaciones de los demandantes, España ha perdido cerca de 25 reclamaciones internacionales, y adeuda más de 1.800 millones de euros. Además, ha desembolsado más de 73.000 euros en concepto de abogados y consultores.
Oficialmente, el Ejecutivo se niega a dar detalles tanto de las cuantías como de los bienes embargados como consecuencia de las mismas, pese a que, como ha podido saber El Debate, al menos un dictamen de Transparencia ha conminado ya a Justicia a hacerlos públicos. España es, tras la decisión del actual Ejecutivo de no pagar las condenas, el país con mayor número de laudos internacionales pendientes de pago, por delante de Venezuela y Rusia.
«El desarrollo de nuevas tecnologías requiere capital, pero ese capital no va a llegar si no se resuelven primero los problemas de confianza que se han generado con estas decisiones tan lamentables que han tomado en España las autoridades», según Thomas Hopp, de Aream.
Los inversores cuestionan además la salida de España y otros países, incluida la propia Unión Europea, de la Carta de la Energía, bajo el argumento de que fomentaba la inversión en combustibles fósiles. «El TCE se cerró para ayudar a los gobiernos de todo el mundo a ofrecer seguridad jurídica», según Dave Keating, analista de Euractiv. «Obliga a mantener garantías ofrecidas a proyectos previamente comprometidos, pero es neutral en cuanto a tecnología», añadió.
«Los inversores acudieron al mercado español con las garantías propias de ser un firmante del TCE», según Lena Sandberg, de K&L. «Los hechos ocurrieron con el tratado en vigor y el abandono del mismo incluye además una transición de hasta 20 años», apuntó por su parte el abogado Nick Cherryman, CEO del bufete que representa a la mayoría de los reclamantes.
