El Consejo de Estado deja al desnudo las maniobras de Ribera en el nuevo regulador energético

El Consejo de Estado no escatimó en críticas al planteamiento inicial del ministerio de Transición Ecológica para la futura Comisión Nacional de la Energía. En su dictamen, al que ha tenido acceso El Debate, el órgano consultivo se apoyó en informes técnicos de Hacienda y Economía para aconsejar «reconsiderar el anteproyecto» de creación del nuevo regulador ante la concatenación de errores, omisiones y fallos.

El organismo reclamó al ministerio que hasta hace pocos días ostentaba Teresa Ribera «una justificación más adecuada de la procedencia de crear la CNE», en un documento fechado el pasado 23 de julio. Ello motivó que el ministerio modificara la exposición de motivos que posteriormente aprobó el Consejo de Ministros a finales de septiembre. Tres meses después, su escisión de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) permanece paralizada en el Congreso.

La institución que preside Carmen Calvo cuestionó, entre otros, que se ponga al frente del nuevo regulador a un presidente con rango de secretario de Estado. Es decir, una posición por encima de los altos cargos que ocuparán el consejo, que no tiene ni el máximo responsable de la actual CNMC ni tampoco tenía la anterior CNE, disuelta en 2013.

Ribera optó por ignorar dicha recomendación. También otra apreciación llamativa del Consejo de Estado, que pidió –sin éxito– dejar claro que aquellos que hayan sido consejeros de la CNMC o de la anterior CNE «no puedan serlo nuevamente para el organismo regulador que tiene un mismo ámbito de competencias». A este respecto, cabe recordar que el marido de Teresa Ribera, Mariano Bacigalupo, fue consejero tanto de la CNMC como de la CNE, antes de ocupar en la actualidad un asiento en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Vinculación al ministerio

Entre las numerosas críticas al proyecto destaca también, como adelantó ABC, el intento de Transición Ecológica de poner bajo su paraguas el nuevo organismo regulador independiente, lo que fue criticado tanto desde los ministerios de Economía y Función Pública como desde el propio Consejo de Estado. Ello motivó que el ministerio tuviera que precisar que dicha vinculación se limita «a efectos puramente organizativos y presupuestarios».

Del dictamen del Consejo de Estado, adoptado solo en parte por Transición Ecológica en su redacción final, destacan también otras críticas «por la urgencia dada a la tramitación del proyecto, en particular en las últimas fases» y del examen «apresurado» de las observaciones «muy críticas» realizadas previamente por los técnicos del Ministerio de Hacienda.

Llama la atención del órgano consultivo, por ejemplo, que Transición Ecológica optara por eliminar de un plumazo la puesta en marcha del Fondo para la Gestión de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas tras las críticas del Ministerio de Hacienda. Este fondo, tan relevante que llegó a compartir el título de las primeras versiones del anteproyecto, fue eliminado por el ministerio de Ribera. Una decisión sorpresivamente drástica que el Consejo de Estado instó a «reconsiderar con más sosiego».

También suscitó «graves dudas» en el Consejo de Estado la intención de Transición Ecológica de que fuera personal laboral, y no funcionarios, los encargados de inspeccionar y evaluar a las empresas bajo el paraguas del futuro regulador. Cuyo cálculo presupuestario, por cierto, también tiró por tierra el órgano consultivo, al considerar que la asignación de ingresos del 40 % del presupuesto de la actual CNMC se hiciera «sin realizar un análisis ni siquiera aproximativo del coste que tendrá su creación».