Comisión Nacional de la Energía: el nuevo cortijo para enchufar a amigos del Gobierno

La creación de la nueva Comisión Nacional de la Energía (CNE) se decidió el pasado 24 de septiembre, hace algo más de dos semanas, aunque ya antes había sido un organismo independiente. Como sabrán los lectores, funcionó por libre entre los años 1995 y 2013, momento en el que se integró en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Tan solo once años después, la CNE saldrá de la CNMC y volverá a ser independiente, aunque los técnicos seguirán siendo los mismos. Es lógico, porque los técnicos de energía han desarrollado una buena labor dentro de la CNMC, pero también absurdo: si desempeñaban un buen trabajo tal como estaban organizados, ¿por qué sacarlos de allí? Muy sencillo: para que el Gobierno pueda colocar a más amigos; más cromos con los que Sánchez podrá jugar para seguir desarrollando su estrategia de mantenerse en el poder.

La nueva CNE contará con nueve consejeros, como se refleja en el anteproyecto de restablecimiento del organismo. Entre los candidatos a presidirla figura Mariano Bacigalupo, marido de Teresa Ribera. Si este nombramiento se llevara a cabo, sería un auténtico escándalo, sin ninguna duda.

El marido de Ribera encajaría como presidente de la nueva CNE por ser un experto en regulación energética, pero su nombramiento sería un escándalo

Bacigalupo (Buenos Aires, 1968) es actualmente consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un puesto al que llegó hace dos años y que le supuso incrementar su sueldo en unos 20.000 euros, hasta los 141.910 euros, tal como contábamos en este artículo.

El marido de Ribera aterrizó en la CNMV sin que le respaldaran a priori conocimientos en el sector financiero, algo en teoría necesario para un puesto que no requiere de aprobación en el Congreso. Antes tuvo un paso polémico por el consejo de la CNMC, en donde estaba desde el año 2017. Bacigalupo era conocido básicamente por dedicarse a defender las políticas de su mujer, responsable en el Gobierno de las cuestiones relacionadas con la energía. Llegó incluso a criticar que las televisiones abrieran los telediarios hablando de la subida del precio de la luz.

Ahora su nombre sale como posible para presidir la CNE, algo que por formación podría ser, pues es un experto en regulación energética. El problema es que, como ocurrió con Escrivá en el Banco de España, no sería muy estético.

Además, hay otros inconvenientes añadidos que harían el nombramiento aún más antiestético. La nueva CNE dejará de depender del Ministerio de Economía para pasar a hacerlo de Transición Ecológica (liderado hasta ahora por Ribera), que a su vez quedará bajo la Vicepresidencia de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea que dirigirá Teresa Ribera. Interesaría especialmente que el organismo regulador energético fuera independiente del Ministerio de Transición Ecológica. El riesgo de depender de él implica más control por parte del Gobierno y que la CNE se convierta en un servicio técnico al servicio del Ministerio. La CNE y la Comisión de Competencia se entendían muy bien antes de que se juntaran ambas en la CNMC. Cuando había un conflicto que afectaba a ambas, hablaban y decidían quién se ocupaba del asunto. Ahora habrá que ver si se entienden tan bien.

El organismo regulador energético debería ser independiente del Ministerio de Transición Ecológica. El riesgo de depender de él implica más control por parte del Gobierno

Ribera se va a Europa, pero ha tratado de dejarlo todo atado y bien atado. En este artículo de enero ya contábamos cómo se había reunido con la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, para acelerar la escisión en la CNE de una división de energía de la CNMC que le había sacado los colores en muchas ocasiones. El pasado 24 de septiembre por fin pudo ver concretada la creación de la nueva CNE, y ahora solo falta que se realice.

Ribera no sabe nada del área de Competencia que llevará en Europa, pero tratará de seguir imponiendo su visión ideológica de lo que ella considera energía limpia. A nivel europeo no tendrá nada que hacer con países como Francia o Italia, partidarios de la nuclear, pero en otros hará lo que pueda.

Si el nombramiento de Bacigalupo les parece finalmente antiestético y no lo llevan a cabo, habrá que ver a quién nombran. Desde hace tiempo se habla de María Jesús Martín, que fue directora de Energía en la CNMC y es una profesional rigurosa. Otra buena opción sería Rocío Prieto, actual directora de Energía y con gran prestigio.

Está por ver cómo se configurará definitivamente la nueva CNE y cuándo arrancará; en qué medida se utilizarán sus nueve puestos de consejeros para colocar amigos y si el Gobierno se atreverá a poner de presidente a Bacigalupo. Sobre la información aparecida hasta ahora, llama la atención que en la memoria económica del proyecto de ley remitido al Congreso se dijera que tendría un presupuesto de 40 millones de euros, como contábamos en esta noticia. Si tenemos en cuenta que toda la CNMC tiene un presupuesto de 60 millones y posee dos divisiones tan grandes como Energía (Telecomunicaciones y Transportes), una de dos: o es un error o van a disparar el gasto. Lo lógico sería que contara con un presupuesto de unos 20 millones de euros.

Por otra parte, si se ha visto la necesidad de sacar alguna división fuera de la CNMC, hacerlo con Energía era lo que más sentido tenía: centra su actividad en la regulación y supervisión de monopolios naturales de distribución de electricidad y gas natural en España en los que no se puede introducir competencia. Dicho esto, no se ve mucho sentido a sacar de nuevo energía de la CNMC, una institución que se creó hace tan solo once años y que funcionaba bien a nivel técnico, también en el ámbito energético. Solo puede explicarlo buscar más puestos que ofrecer a los amigos.

Lo que parece que no podrán ofrecer es que la sede de la CNE salga de Madrid con destino a otra ciudad. Aunque se habló de que los vascos quisieron llevársela a su tierra, la mayoría del personal de la dirección de energía es empleado público laboral (no funcionario), y no se le puede obligar a que cambie de región. Ese motivo puede haber contribuido a frenar el cambio.