Sánchez ultima la inyección millonaria a medios sin cumplir en transparencia y entre acusaciones de favoritismo

El Gobierno ultima su nueva inyección de 124,5 millones de euros a los medios sin avances en sus propias promesas de transparencia. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un plan de ayudas a la digitalización de los medios de comunicación para impulsar su «digitalización». Lo ha hecho cinco meses después de que Pedro Sánchez prometiera, en el Congreso de los Diputados, tomar medidas para fortalecer la «transparencia» del ecosistema informativo, sin que dicha promesa se haya materializado hasta la fecha en ningún tipo de avance.

El objetivo, declaró Sánchez, es que «no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores y asegurar que no haya partidos que compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes». El propio Gobierno reconoce, en dicho plan, que «la asignación opaca y sesgada de dichos fondos es un instrumento poderoso para ejercer influencia sobre la libertad editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación, o de subvención o financiación encubierta de dichos prestadores de servicios para adquirir una ventaja política o comercial injusta o una cobertura favorable». Sin embargo, es la primera administración en rechazar dar detalles sobre a qué medios reparte publicidad y subvenciones.

La asignación opaca y sesgada de fondos es un instrumento poderoso para ejercer influencia sobre la libertad editorialPlan de Acción por la Democracia de Pedro Sñanchez

«En algunas ocasiones las administraciones públicas, por intereses que no tienen que ver con la parte técnica, deciden que hay que apoyar más a un medio que a otro y no es en base a criterios puramente técnicos. Eso pasa, claro que pasa», cuenta a El Debate el Director Asociación de Agencias de Medios, Leo Farache. «Fundamentalmente los criterios son económicos, pero en algunos casos esos criterios económicos permiten una ingeniería concursal», detalla. «Puede haber una recomendación en favor de algún medio u otro en alguna campaña.»

En los ocho años transcurridos desde la llegada de Sánchez, Moncloa se ha negado a detallar a qué medios destina las cuantías de la publicidad institucional, punto fundamental, junto con las subvenciones, de las relaciones del Gobierno con los medios de comunicación. El Ejecutivo se limita únicamente a publicar un Plan de Publicidad Institucional en el que detalla las campañas y las cuantías presupuestadas, así como los soportes (televisión, radio, prensa, revistas o internet) pero sin desglosar los diferentes medios beneficiarios.

En junio, una investigación de El Confidencial reveló que Vocento, Unidad Editorial y Prisa coparon las mayores cuantías entre 2018 y 2023. Lo hizo tras dos años de peticiones al portal de transparencia, sucesivos recursos de distintos ministerios y el carpetazo total de algunos departamentos. En particular Exteriores, Trabajo y Economía Social, Hacienda y Función Pública, Consumo, Política Territorial, que se negaron a facilitar datos.

El proceso «no es transparente»

«Al final el proceso acaba por no ser transparente. Los medios y las agencias tenemos que exigir transparencia y profesionalidad», resalta Leo Farache. Las agencias denuncian que no ha habido ningún avance en las promesas de mayor transparencia que hizo el Gobierno central, que incluyen un listado transparente de los adjudicatarios de publicidad institucional. Y apuntan a José Nevado, director de Comunicación Institucional desde el pasado mes de enero, de quién depende el área de publicidad institucional.

A pesar de contar con una audiencia media diaria de 1.256.939 lectores, según la última cifra mensual del medidor oficial GFK –hasta 20 veces superior a otros rotativos digitales regados por los anuncios institucionales del Ejecutivo o de las empresas públicas–, este diario ha quedado arrinconado en el reparto de publicidad tanto de Presidencia como de los diferentes ministerios. Según fuentes del sector, Moncloa quiere que el reparto priorice otros criterios, como la tasa de rebote – el porcentaje de usuarios que visitan un sitio web y solo consumen una noticia–, la afinidad, la calidad de la publicidad o su cumplimiento de los criterios ESG.

Priorización para el papel

De la nueva remesa de fondos para la digitalización de medios llama la atención tanto el concepto –en un escenario en el que prácticamente todas las cabeceras, grandes y pequeñas, nacionales o locales tienen como mínimo una página web y una redacción multisoporte, como que el grueso de las mismas, 65 millones de euros, se reserve a medios impresos–. El Ejecutivo ha criminalizado a los medios digitales, y el ministro Óscar López, volvió a hacerlo la semana pasada tras el Consejo de Ministros, al afirmar que tienen «estrategias comerciales basadas en el clickbait, con escaso apego a la veracidad y calidad de la información».

También habrá cinco millones, a través de Red.es, para un kit digital para medios pequeños, como diarios comarcales y locales; y otros 19,5 millones para préstamos en proyectos de digitalización, difusión de contenidos y adopción de nuevas herramientas. Este diario se ha puesto en contacto tanto con Red.es como con Transición Digital para solicitar más detalles sobre el reparto de las ayudas, sin haberlos obtenido hasta el momento.

Consultada por este periódico sobre el nuevo reparto de ayudas a medios, Elena Herrero-Beaumont, profesora adjunta en IE y directora de Ethosfera, un think tank que promueve la ética para combatir los riesgos a la democracia liberal en la era digital, remite al reciente informe de la Comisión Europea sobre la financiación de medios públicos. Dicho documento recoge que las políticas y la legislación «no necesariamente fortalecen el papel de los medios independientes, sino que de hecho, pueden llegar a amenazarlos directamente». E identifica, a nivel continental, «una falta de estructuras de apoyo público sistemáticas y transparentes disponibles para los medios de comunicación».