Sánchez reconoce que una de sus medidas estrella de Vivienda solo afectará al 4 % de las compraventas

El Gobierno está intentando minimizar las consecuencias que ha traído consigo la aprobación de la Ley de Vivienda. Desde que esta norma entró en vigor, la oferta de vivienda de alquiler de larga estancia ya se ha reducido un 36,3 %, lo que significa que hay un tercio menos de viviendas que en 2023. Mientras, la demanda ha crecido un 26,28 %, provocando una situación insostenible, según datos de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

Pedro Sánchez es consciente de ello. De hecho, este lunes, en su intervención durante la clausura del foro Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar organizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, reconoció que «la brecha entre oferta y demanda se está estrechando». Por ello, anunció 12 nuevas medidas, con el objetivo de poner solución a esta situación e intentar conseguir las metas que no han sido capaces de lograr con la Ley de vivienda y el control de precios.

Entre ellas, se encuentra limitar la compra de vivienda a los extranjeros extracomunitarios no residentes en España, «incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100 % del valor del inmueble». A los expertos inmobiliarios esta medida les resulta, cuanto menos, sorprendente, sobre todo, porque, una vez más, Sánchez se ha vuelto a contradecir a sí mismo.

Para justificar esta decisión, el presidente del Gobierno alegó que «solo en 2023 compraron 27.000 casas y pisos». Si se tiene en cuenta que en ese año se llevaron a cabo más de 640.000 transacciones, según la estadística de los notarios, esa cifra apenas representa un 4 % del total.

Por otro lado, desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias denuncian que esta medida no ha sido explicada correctamente y que todavía no se sabe como será puesta en marcha. De todas formas, su portavoz, Nora García, explica que si se va a aplicar a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), gravado por las autonomías y a la compra de pisos de segunda mano, «no se estaría actuando sobre la vivienda nueva». Además, al estar «la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP, es probable que esta medida no entrase en vigor», añade García.

Otra posibilidad que barajan los expertos inmobiliarios es a través de la declaración de la renta, algo que sería «peccata minuta».

Eliminación de las Golden Visa

Esta política llega en un contexto en el que el gobierno ya ha anunciado la eliminación de las Golden Visa, otra medida que también apunta a restringir la entrada de capital extranjero. «Ambas decisiones transmiten un mensaje claro: España parece querer cerrar la puerta a inversiones extranjeras, justo en un momento en el que atraer capital debería ser una prioridad para el desarrollo económico y la creación de empleo», lamenta Ángel Sánchez, socio y abogado de Golden Partners.

Los extranjeros que adquieren viviendas en España, no solo invierten en inmuebles de alto valor, que no compiten con las viviendas que demanda la mayoría de los ciudadanos españoles, sino que además «generaban riqueza en otros sectores económicos como el comercio, la hostelería y los servicios», asegura el socio y abogado de Golden Partners. Por eso, a corto plazo, estas restricciones podrían traducirse en una menor llegada de inversores extranjeros interesados en asentarse en España, afectando negativamente a la economía

«En definitiva, imponer un gravamen tan elevado a un grupo de compradores que representa una proporción mínima del total no parece la estrategia más adecuada para reducir el precio de la vivienda en España. De hecho, podría terminar perjudicando más de lo que beneficia, al desincentivar la entrada de capital extranjero que, hasta ahora, ha contribuido al crecimiento de muchas regiones del país», añade Ángel Sánchez.