El turismo teme el impacto del 'Gran Hermano' de Marlaska en la temporada de 2025

El Real Decreto 993/2021 que obliga a los hoteleros, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos, gestores de casas rurales y a aquellas plataformas digitales que se dedican a la intermediación a través de internet a facilitar al Ministerio de Interior datos de reservas y de alquiler de vehículos está generando muchos dolores de cabeza al sector turístico, y tendrá un impacto en la campaña del próximo verano.

«Es una ley que solo se aplica en España y que afecta mucho a la competitividad de todas las agencias de viajes», han asegurado las patronales de las agencias de viajes Ceav, Unav Acave y Fetave, en declaraciones a los medios de comunicación, en el marco de Fitur 2025, tras entregarle un manifiesto, en el que rechazan el nuevo registro de viajeros, a la directora de Políticas Turísticas de la secretaria de Estado de Turismo, Ana Muñoz.

Hasta su entrada en vigor, tan solo se requerían 14 datos: nombre y apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y fecha de entrada y de salida. Pero desde el 2 de diciembre, esta cifra se ha triplicado. En total, los hoteles tienen que dar cuenta de 43 datos, tanto del establecimiento como del cliente; los alojamientos turísticos de particulares facilitan 41; las empresas de alquiler de vehículos 64 –una cifra que se incrementa en el caso de que haya más de un conductor–; y las agencias de viajes aportan información de los clientes, los hoteles en los que se alojen e incluso de los vehículos que alquilen a través de ellos.

Estos datos oficiales no solo son los que aparecen en el DNI o en el pasaporte de los turistas, también se incluyen otros más sensibles como la relación de parentesco y los datos del pago (tipo, identificación del medio de pago, titular, fecha de caducidad y fecha del pago). Unas informaciones que «vulneran la ley de protección de datos, y también a la ley de formas de pago», explican las agencias de viajes.

Desde el sector consideran que esta nueva medida afectará a la campaña de verano y aseguran que «los turoperadores ya han presentado quejas» porque «todos estos trámites dificultan mucho y, evidentemente, frente a otros mercados competidores que no lo piden, crea un grave perjuicio».

Advertencia en medios internacionales

De hecho, el registro de viajeros no ha pasado desapercibido en la prensa internacional, que se ha estado haciendo eco de esta nueva normativa.

«Furia por la ley ‘Gran Hermano’ que obligará a los británicos a entregar información sensible cuando visiten España», se pudo leer en el Daily Mail. Otro medio inglés, el Daily Express, se refirió a esta medida como «la ley de espionaje turístico».

En Alemania, Aargauer Zeitung destacó que este registro pondría fin «al secreto bancario y a la protección de datos». Además, consideraba que «las autoridades cada vez quieren más información personal».

The Times también se hacía eco de la medida y analizaba en uno de sus artículos los requisitos que tienen que cumplir para poder entrar en nuestro país y de la gran crítica suscitada por parte del sector turístico.

The Independent también fue en esa misma línea, y calificó de «obligatoria» y «exigente» la nueva medida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, el diario detalla cada uno de los datos que los turistas deberán facilitar.

Acciones legales

El sector turístico siempre ha afirmado que el registro de viajeros «vulnera varias directivas europeas» de protección de datos y sistema de pago. Concretamente, las referidas son: la Directiva (UE) 2015/2366, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ya lamentaron que «el incumplimiento de esta normativa europea puede acarrear importantes multas a las empresas, muy superiores a las sanciones por no cumplir el Real Decreto de Interior». Y aseguraron que estaban estudiando emprender acciones legales contra este Real Decreto.

Este jueves, las agencias de viajes han explicado que tienen a todos sus equipos jurídicos «trabajando», junto a la presentación de alegaciones al Real Decreto y a una orden ministerial emitida por el Gobierno. Por tanto, si no se consigue la exclusión, procederán y judicializarán esta cuestión.