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El presidente de Correos, Pedro Saura, junto al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Correos estima que unos 7.000 empleados de la compañía pueden salir voluntariamente
Antes de la llegada del actual presidente, la SEPI, principal accionista, barajaba un ERE de 14.000 personas
La plantilla de Correos, a la espera de su destino tras la tensión creada por CCOO y el director de Recursos Humanos
El rescate, reestructuración y reorganización de Correos encomendado a Pedro Saura tras la época nefasta de Juan Manuel Serrano, el amigo de Sánchez, sigue avanzando. Ahora el foco y principal preocupación está en la reconfiguración de la plantilla.
Correos tiene 47.000 empleados. Como hemos contado en artículos anteriores, sus costes de personal anuales son de unos 1.600 millones de euros, más o menos la cantidad que factura la compañía en su negocio postal y de paquetería. Este hecho haría la empresa inviable si no se buscaran nuevas fuentes de ingresos y se ajustaran los costes de personal, es decir, la plantilla.
Los nuevos ingresos vendrán especialmente de la diversificación hacia otros servicios de interés público y general, aprovechando la enorme red de oficinas de Correos, un trabajo adicional por el que será compensada por el Estado (como ocurre en otros países, como Francia o Italia). También recibirá más dinero por el Servicio Postal Universal (SPU), que le responsabiliza de que los envíos lleguen a cualquier rincón de España. Por estas cuestiones y por el plan de personas que tiene que llevar a cabo (prejubilaciones y contrataciones para rejuvenecer una plantilla con una media de edad superior a los 50 años) recibirá 3.000 millones de euros por parte del Estado en cuatro años.
La reestructuración de la plantilla es lo que más preocupa en la actualidad, y no está siendo nada fácil. El nuevo presidente, Pedro Saura, se encontró al llegar a su puesto en diciembre de 2023 con una propuesta de expediente de regulación de empleo (ERE) de 14.000 personas. Lo recomendaba KPMG, la consultora a la que el anterior presidente encargó (junto a su director de Recursos Humanos, Fernando Ramírez) un plan estratégico de la compañía. En su ejecución estaban de acuerdo Fernando Ramírez y el equipo directivo que había con Serrano.La propuesta finalmente no salió bien a Ramírez, que viene siendo el hombre de la SEPI (principal accionista) en la compañía, y desde entonces la cuestión ha quedado pendiente. Además de con KPMG, Ramírez ha ido perfilando el nuevo plan de eficientación de KPMG con Comisiones Obreras (CCOO) desde principios de 2024 a través de unos encuentros denominados bilaterales: encuentros secretos sin conocimiento de los demás sindicatos (la mayoría sindical tiene el 58 % de la representación de los trabajadores, mientras que CCOO posee el 38 %, y, al parecer, a la baja).
El problema de este plan ha sido que Saura no ha accedido al plan de despidos masivos (ERE) diseñado por Ramírez y CCOO. A CCOO le interesaba cerrar el nuevo convenio cuanto antes para poder proponer a renglón seguido una oferta de empleo para reanudar la política de formación y preparación de oposiciones. La clave parece estar en que la preparación para esos puestos se da en la escuela de formación de CCOO, que es una fuente atípica de ingresos que Serrano intentó desenmarañar sin conseguirlo y que a la postre fue una de las razones de su enfrentamiento con el sindicato.
Saura no accedió finalmente porque buscaba reformular las políticas anteriores y porque estaba esperando a que el Gobierno le confirmara que iba a darle los 3.000 millones prometidos por sus nuevos servicios (SIEG), el incremento del SPU y el plan de personas. La confirmación le llegó en diciembre, con lo que ya está el terreno listo para que se pueda negociar el plan de personas e implementar su plan estratégico, más mesurado y realista que el de KPMG.
La noticia más reciente es que la compañía estima que entre 7.000 y 7.500 personas pueden estar interesadas en salir de la compañía si se les ofrecen unas buenas condiciones. Con ello los costes de personal se reducirían un 15 % y quedarían fijados en el 70 % de los ingresos, cuota que en la empresa consideran permisible para ser viables.
La cifra puede moverse. Es posible que al ver las condiciones surjan más interesados en prejubilarse. Los sindicatos esperan que se les presente la propuesta entre este mes y el 15 de marzo como tope. En esta fecha como límite debería estar listo el diseño del plan de prejubilaciones.
Todavía queda mucho trabajo por hacer. Los sindicatos han exigido que los empleados con jornada partida pasen a jornada completa, y estudiarán la propuesta de Correos de equilibrar el número de trabajadores de las mañanas y de las tardes ampliando este segundo grupo, entre otras cuestiones para darle más fuerza competitiva a la distribución. Una vez realizados los cambios organizativos y las prejubilaciones, Correos tendrá una foto ajustada de las necesidades reales de la plantilla, tras constatar cuántas personas se apuntan a la prejubilación, teniendo también en cuenta que no se pueden dejar despobladas áreas de negocio.
El ajuste tiene que ser muy fino: la oferta irá ligada a los tramos de edad (61 años, 63 años, etc.) y las condiciones legales que puedan resultar, y a la disponibilidad presupuestaria. Lo que parece ser un cambio es la voluntad de Saura para garantizar la transparencia y la igualdad de trato para todos los sindicatos, sea cual sea su representación. Es una tarea difícil para el presidente actual, dados los antecedentes de esta nueva etapa de negociación con la que se pretende restaurar el daño producido por la sucesión de conflictos vividos por Correos en los últimos tiempos y situar al operador postal español en la senda del siglo XXI.