El sector inmobiliario, en pie de guerra ante las multas de Cataluña a los que se salten la regulación del alquiler

Casi un año después de que entrara en vigor en Cataluña el índice de precios de referencia que busca frenar el incremento de precios, la Generalitat ha aprobado un régimen sancionador para impulsar su aplicación, un paso muy reclamado por las entidades de defensa de la vivienda y que ha enervado al sector inmobiliario.

Cataluña se convirtió el 15 de marzo de 2024 en la primera comunidad autónoma en poner en marcha este índice, la medida estrella de la Ley de la Vivienda para frenar la escalada del precio del alquiler que dificulta la vida de muchas familias.

El control de rentas se aplicó en una primera etapa al área de Barcelona y las capitales de provincia o comarca, zona que se amplió el pasado octubre hasta abarcar a 271 municipios, donde vive el 90 % de la población.

El tope del alquiler afecta básicamente a los grandes tenedores –aquellos que poseen más de 5 viviendas– y a los nuevos contratos de pisos que hayan estado sin alquilar los últimos cinco años. Los propietarios que se lo salten pueden recibir a partir de ahora multas de hasta 900.000 euros.

Desde su irrupción, el índice no ha dejado indiferente a nadie y ha provocado la oposición frontal del sector inmobiliario, que ha advertido una y otra vez que provocará la retirada masiva de pisos del mercado del alquiler, lo que hará que suban aún más los precios.

En este contexto, la llegada de las sanciones ha marcado el inicio de un segundo asalto en este particular pulso entre la Generalitat y el sector inmobiliario.

«Sancionar a los propietarios solo agravará el problema del acceso a la vivienda», considera esta entidad, que agrupa a unos 300 pequeños y medianos propietarios de Cataluña que alquilan inmuebles.

Tanto esta asociación como la API han asegurado que el régimen sancionador no hace más que «criminalizar» a los pequeños y medianos propietarios.

El portavoz de los API, Carles Sala, ha alertado de que las multas provocarán además un aumento del alquiler de habitaciones, ya que «desincentivará» tanto el arriendo habitual como el de temporada al «espantar» a los pequeños propietarios.

«Las multas son desproporcionadas. Superan las rentas de 6 o 7 años de muchos alquileres e incluso el importe de compra de pisos», sostiene.

Por su parte, la patronal catalana de los constructores, APCE, se ha mostrado crítica con la política de vivienda tanto de Cataluña como del Estado, y su presidente, Xavier Vilajoana, ha instado a las administraciones y a los partidos a «dejar de pensar en votos» para avanzar en la solución del acceso a la vivienda, que está convencido pasa por construir más vivienda.

Multas de hasta 900.000 euros

El régimen sancionador, pactado por el ejecutivo de Salvador Illa y los Comuns, contempla tipificar en la ley de vivienda de 2007 tres nuevas sanciones como «muy graves», es decir, con multas de entre 90.001 y 900.000 euros.

Se trata de los siguientes supuestos: fijar un precio del alquiler de una determinada vivienda más de un 30 % por encima del marcado por el índice de referencia; por no hacer constar la finalidad del arrendamiento en el contrato, o hacerlo de forma fraudulenta; y por cargar los gastos de gestión del contrato al inquilino, en vez de al propietario.

Otros dos incumplimientos tipificados como «graves», esto es, sancionables con entre 9.001 y 90.000 euros son: fijar la renta por encima de los previsto en el índice, siempre que el aumento no supere el 30 %; y no hacer constar en el contrato o en la oferta el tope o el importe del contrato anterior.