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Análisis económicoJosé Ramón Riera

Siete de cada diez contratos públicos que se hicieron desde que llegó Sánchez son de mala calidad

Se han reducido en un 0,2 % los funcionarios y en un 1,2 % los contratos laborales

La verdad es que no sé si esto es motivo de risa o simplemente es la demostración palpable de que Yolanda Díaz y los ministros de Sumar no se enteran de nada. Yo voto más por lo segundo que por lo primero.

Además, si a esta ecuación sumamos a los sindicatos de clase, comedores de cigalas, gambas, nécoras, bogavantes, langostas y, por supuesto, percebes de Cedeira, podemos afirmar, sin rubor alguno, que cobran pero no hacen nada.

Y es que por no hacer, ni se miran los documentos que se publican desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, que semestre a semestre emite un informe llamado Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Y hace poco ha publicado los resultados de julio de 2024.

El informe es exhaustivo y resume de forma clara y concreta donde están los empleados públicos trabajando, o sea la Administración que los paga, y además diferencia entre los tres grandes tipos de contrato que tienen los empleados públicos. O son Funcionarios de carrera, que se lo han ganado con su oposición de turno, o bien tienen un contrato laboral que de acuerdo con los layes españolas actuales podría de ser fijo-discontinuo, aunque el informe no lo explicita, y luego está el contrato de otros que pueden ser:

  • Personal eventual. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
  • Personal funcionario interino. Es personal funcionario interino el que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado como tal para el desempeño de funciones propias de personal funcionario de carrera

Obviamente estos contratos pueden ser suprimidos en el momento que se desee, porque cambian las circunstancias y es necesario cambiar de personas.

Lo que esto quiere decir es que estos contratos, en la jerga empresarial, equivaldrían a contratos temporales, que algún día podrían pasar a fijos si se producen las condiciones necesarias o suficientes, o de los cuales se puede prescindir por motivos que no necesitan explicación.

Hoy lo que voy a demostrar es que, desde que están los comunistas en el gobierno, trabajando codo con codo con los sindicatos, resulta que el 74 % de los contratos realizados desde 2018 son de este tipo.

Ya sé que cuesta creerlo, pero como siempre les digo, mis fuentes son públicas –en este caso publicadas por el Ministerio de Oscar López–.

Aquí va el cuadro estadístico que lo explica:

TODOS los contratos firmados desde julio de 2018 a julio de 2024 son contratos temporales en la Administración General del Estado. Es más, se han reducido en un 0,2 % los funcionarios y en un 1,2 % los contratos laborales. Esto solo muestra que Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo, son los mayores incompetentes a la hora de defender los intereses de los trabajadores.

Pero aquí se aprovecha todo el mundo. En las comunidades autónomas el 70 % del incremento son de la misma clase, es decir de otros. Si bien en el caso de las CC.AA. los funcionarios se han incrementado en un 7,8 %, los contratos laborales en un 20,6 %, mientras los otros lo hacen en un 60,9 %. Si las Comunidades siguen a ese ritmo, en muy pocos años, habrá más contratos de otros que funcionarios de carrera.

En los Ayuntamientos pasa más de lo mismo. De los 58.699 empleados públicos que han crecido en este período, 46.685 tienen este tipo de contrato y, por lo tanto, la basura de contratación se ha incrementado en 80 %.

En las Diputaciones, órgano que algún día deberíamos de hacer un análisis para su desaparición, los contratos basura suman 7.705 y representan el 94 % del incremento.

En definitiva, desde que llegó Sánchez al poder con el comunismo y el apoyo de la extrema izquierda (ERC y BILDU), han demostrado que o no se enteran de nada –son tan come gambas como UGT y CC.OO– o son ellos mismos los que están fomentado que de los 459.530 nuevos empleados públicos, 338.779 tengan contratos de la categoría otros, representando el 74 % de las nuevas contrataciones.

La verdad es que se merecen un aplauso generalizado de toda la fuerza laboral nacional, por saber pelar tan bien las gambas, por sacarle la pasta a Yolanda Díaz en subvenciones –32 millones frente a 17 del año anterior– y, sobre todo, por ponerlo tan fácil para en caso de crisis prescindir de 837.880 empleados públicos sin despeinarse. Es realmente vergonzoso.