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Análisis económicoJosé Ramón Riera

El número de funcionarios creció un 18 % desde que Sánchez llegó a la Moncloa

En el siglo de la digitalización y en el quinquenio de las grandes bases de datos, y la llegada de la Inteligencia Artificial, ¿de verdad se necesitaban 459.000 empleados públicos más?

Actualizada 04:30

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado los datos personal al servicio de las Administraciones Públicas, por lo que ha llegado el momento de enseñar lo que ha pasado desde julio de 2018, primer mes completo de Pedro Sánchez en la Moncloa, hasta julio de 2024 —el dato que se acaba de publicar—.

En 2018 pagamos 61.618 millones de euros en remuneración de los asalariados de la Administración, una cifra que ha aumentado hasta los 83.448 millones en el primer semestre de 2024, según los datos facilitados por Eurostat el pasado 22 de octubre. Esto supone una subida del 35,5 % en las nóminas pagadas por todos los estamentos que componen el Sector Público en nuestro país.

Estamos hablando de que el coste por empleado público fue en el año 2018 de 49.426 euros por empleado, y, a falta de conocer el resultado del cierre del año, podemos estimar que ha llegado a los 55.000 euros de coste por empleado público, como mínimo. Estos salarios son muy superiores a la media, a la mediana y a la moda de nuestro país.

Oficialmente hemos superado los 3 millones de empleados públicos directos. Rajoy se fue dejando 2,6 millones de empleados públicos, y en seis años se han incorporado 459.530 funcionarios nuevos a las nóminas que se pagan, no olvidemos, con los impuestos de todos y cada uno de los españoles.

Con esto ya nos queda claro que una parte muy importante del crecimiento de la recaudación de impuestos —que solo por la parte de la Agencia Tributaria ha crecido casi un 41 %— ha ido a pagar el incremento del gasto público en salarios.

Ya he explicado varias veces que en España dedicamos el 24,6 % del gasto público a pagar salarios, cuando en Alemania sólo le dedican el 16,7 %, en un modelo muy similar al nuestro desde el punto de vista organizativo. Ellos tienen 83,4 millones de habitantes, que son atendidos por 16 regiones o länders y 12.100 ayuntamientos. Nosotros tenemos 48,6 millones de habitantes que son atendidos por 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas y por 8.139 Ayuntamientos. Eso sí, con el añadido que ellos no tienen ni Diputaciones, ni Cabildos y nosotros nos hemos permitido crecer en un 13 %, equivalente a 8.208 efectivos más en sólo 6 años, en una Administración que no existe en las comunidades uniprovinciales y que, sin duda, merece un análisis muy profundo de saber si merece la pena seguir sosteniendo una Administración que nació en 1812 y que cada día tienen menos sentido.

Para entender mejor que es lo que nos ha pasado y para ello es bueno tener los números en un cuadro que he preparado:

En la Administración General del Estado, la gran sorpresa la da la Administración de Justicia, que se ha reducido en 9.891 efectivos, lo que supone una bajada del 40 %. Mientras, la Policía Nacional y la Guardia Civil crece en 16.555 efectivos y las Fuerzas Armadas en 4.874 militares más.

Los efectivos de los Ministerios, Organismos Autónomos, Agencias Estatales, Entidades Públicas empresariales, Autoridades Administrativas Independientes y Otros Entes de Derecho Público han subido el número de efectivos en otros 10.383 empleados públicos más.

Las comunidades autónomas han crecido en 370.702 efectivos, que suponen un 27,7 % más. De ellos, a las Universidades Públicas han ido 28.714 profesores y administrativos más.

Y, por último, los Ayuntamientos han crecido en 58.699 efectivos y las Diputaciones y Cabildos en 8.209 empleados, sumando un total de 66.907 trabajadores más en la Administración Local que supone un 11,7 % adicional.

Por lo tanto, cuando Yolanda Díaz hable del éxito de la reforma laboral, ya saben ustedes que 459.530 puestos vienen del Estado español.

Ahora conviene dejar encima dos grandes preguntas que alguien tendrá que investigar y contestar. La primera es si podemos seguir dedicando el 24,6 % del gasto público a pagar salarios Y, la segunda, si en el siglo de la digitalización y en el quinquenio de las grandes bases de datos, los almacenamientos en la nube y los grandes sistemas de procesamiento y la llegada de la Inteligencia Artificial, de verdad se necesitaban 459.000 empleados públicos más. O a lo mejor se puede optimizar todos estos dispendios.

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