Sánchez arrincona al PP en el órgano clave para las nucleares y sustituirá a una física atómica por una médico de su gabinete

La guerra por mantener abiertas las centrales nucleares llega al Congreso de los Diputados para vivir dos batallas decisivas. La primera de ellas se dirimirá este jueves, cuando la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico aborde la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el único organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.

La comisión que preside Cristina Narbona debatirá sobre la renovación de su actual presidente, Juan Carlos Lentijo, y las de los consejeros Francisco Miguel Castejón Magaña y María del Pilar Lucio Carrasco. Todos ellos a propuesta del PSOE, salvo Castejón, propuesto por Sumar. A ellos se añadirá, si resulta idónea para la Cámara, Silvia Calzón Fernández, también a propuesta de los socialistas.

Calzón es actualmente directora del Departamento de Atención a la Ciudadanía del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Médico de formación, sustituiría a Elvira Romera, licenciada en Ciencias Físicas, doctora en Física y catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear, y propuesta también, en 2019, por el PSOE.

En el organismo, clave para el futuro de las plantas atómicas en un momento en el que su calendario de cierre se acerca de manera inminente, tan solo queda un consejero propuesto por el PP: Javier Dies, cuyo mandato expira en 2028.

Los populares consideran que la propuesta del Gobierno es «absolutamente política», como trasladó la semana pasada la vicesecretaria del PP Paloma Martín durante un encuentro con periodistas en el que reconoció que el Ejecutivo «ni siquiera nos llamó» para pactar la renovación –como se hacía históricamente–.

Los populares ponen además el foco en la idoneidad de Calzón, «una persona que no tiene experiencia nuclear y que viene directamente del gabinete de Sánchez», denuncian.

Licenciada en Medicina por la Universidad de Sevilla, es máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública, máster en Economía de la Salud por la Universidad Pompeu Fabra y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada. Además, entre 2020 y 2023 ha sido secretaria de Estado de Sanidad y en 2024 fue nombrada directora de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD).

Los socialistas, por su parte, defienden que Calzón cumple otro de los requisitos que establece el Artículo 5 del Estatuto del CSN. Este afirma que «el presidente y los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear serán designados entre personas de conocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo, como las especialidades de seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y del medio ambiente, medicina, legislación o cualquier otra conexa con las anteriores, así como en energía en general o seguridad industrial, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio».

Plan del PP en el Congreso

La segunda batalla por el futuro de las nucleares llegará también al Congreso en las próximas semanas, cuando la cámara debata la Proposición de Ley que el PP presentó el pasado viernes para forzar al Gobierno a mantener operativas las plantas atómicas. Los populares confían en que salga adelante, después de que el Congreso respaldara una Proposición No de Ley en la misma línea en febrero, y de que en las últimas semanas tanto Iberdrola como Endesa y Naturgy, titulares de las plantas españolas, hayan defendido en público la necesidad de mantener operativas las centrales.

La proposición, consultada por El Debate, consta de cuatro artículos, entre ellos uno que permitiría a las compañías eléctricas seguir operando las centrales atómicas solo con obtener el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), de ahí la importancia de controlar éste órgano.

Además, incluye disposiciones derogatorias que revertirán las órdenes vigentes actualmente que impiden a las centrales de Almaraz (Extremadura), Cofrentes (Valencia) y Ascó (Cataluña) solicitar nuevas prórrogas de su vida útil para continuar operando más allá de 2030.

La proposición «pretende evitar un error histórico como el que cometió Alemania y quiere revertir y el que cometió el gobierno belga y ya ha revertido», según Paloma Martín. En esta línea, la Proposición insta también a ENRESA a recalcular a la baja la tasa que pagan los operadores para costear el desmantelamiento de las plantas al incrementar los años de operación, y fija negro sobre blanco la posibilidad de que el Gobierno obligue a los titulares a seguir operando aunque no quieran por seguridad de suministro.