Se comprobará que el inmueble cumple con todos los requisitos legales
Vivienda
Así funcionará el nuevo decreto que regula las viviendas de alquiler de temporada
Con el objetivo de no ralentizar las licencias, se dará a los alojamientos turísticos un código provisional y en el plazo de 15 días se dirá si es firme o no
El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y regula la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración. Se espera que esté listo antes de que finalice el año y que conlleve un registro previo, sin el cual estos alquileres no podrán comercializarse en las plataformas digitales.
En este sentido, al tratarse de un desarrollo normativo, no será necesario pasar por las Cortes Generales, ya que no modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), como deseaban algunos partidos de izquierda y sindicatos de inquilinos. Al mismo tiempo, gracias a ello, también evitan desde el Gobierno un posible nuevo veto de Junts.
La Ventanilla Única Digital actuará como una plataforma en la que se interconectarán los datos de los ayuntamientos, comunidades autónomas, comunidades de propietarios, propietarios y del registro de la propiedad. Su principal objetivo es centralizar toda la información de una misma vivienda en un espacio común y accesible, que podrá ser consultado en todos los países de la Unión Europea.
Posteriormente, se dará a los alojamientos turísticos un código provisional y en el plazo de 15 días se dirá si es firme o no. Una vez se obtenga el número, el propietario de la vivienda turística podrá acudir a una plataforma digital y comercializar el alojamiento.
Posibles sanciones
La normativa quiere no solo regular las condiciones de los contratos de alquiler de temporada, sino también establecer un marco que combata de manera efectiva el fraude en este sector. Para lograrlo, se busca clarificar la figura del alquiler de temporada, definiendo claramente sus características y limitaciones. Esto incluye la duración mínima de los contratos, los derechos y obligaciones tanto de los propietarios como de los inquilinos.
No obstante, a pesar de que actualmente no se ha definido si habrá sanciones específicas ni cómo se implementarán, es evidente que, en caso de incumplimiento de la normativa, la responsabilidad recaerá en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Estas entidades locales asumirán el régimen sancionador de acuerdo con las competencias que les otorgan sus respectivos estatutos y la legislación vigente.