Murcia, Andalucía y Madrid suprimirán el lenguaje inclusivo en los próximos libros de texto

Apartir de septiembre del año que viene se crearán nuevos libros de texto para los colegios e institutos españoles. Los gobiernos de cada región han tenido que ponerse a pensar en como quieren que sean los nuevos objetos de estudio de los niños y jóvenes para que así estén en concordancia con la Ley Celaá, la cual incluye en una sola frase todos los géneros, es decir, se tendría que decir madres y padres, alumnos y alumnas, profesores y profesoras. Para el Gobierno de España no vale agrupar todo en un único género.

La Comunidad Valenciana, La Rioja o Canarias hacen una defensa plena del lenguaje inclusivo, mientras que otras comunidades como Andalucía, Murcia o Madrid apuestan por evitar desdoblamientos gramaticales.

La consejera de Educación y Cultura de Murcia, Mabel Campuzano, ha asegurado este jueves que su departamento trabaja en eliminar el lenguaje inclusivo de los libros de texto en los centros educativos públicos y concertados de la región, al igual que Andalucía, que hace unos días  publicó unas instrucciones que derogaban las que se dictaron en 2018 a favor del lenguaje inclusivo.

En una rueda de prensa, Campuzano ha asegurado que están trabajando en la misma «línea» que en Francia o Alemania, cuyas autoridades educativas, según la consejera, se han propuesto «corregir» esta situación porque este tipo de lenguaje «dificulta la comprensión» de los alumnos, añadiendo que esta decisión es de «sentido común».

La titular de Educación y Cultura y diputada expulsada de Vox ha detallado que estos cambios se van a materializar con las nuevas ediciones de los libros de texto que se publiquen conforme a la adaptación que conlleven los nuevos currículos educativos aprobados por el ministerio del ramo, algunos de los cuales estarán vigentes a partir del próximo curso.

Además, ha apuntado que los nuevos textos deben estar basados en un lenguaje «comprensivo» que evite «ese forzamiento del lenguaje» que se hace «muchas veces» para «introducir lo que se llama lenguaje inclusivo», lo que, en su opinión, «perjudica a la comprensión de los alumnos».

La Junta de Andalucía ha incluido entre los criterios que utilizará para seleccionar los libros de texto el uso de un lenguaje «equitativo», usando términos genéricos que mantengan la neutralidad y evitando los desdoblamientos «abusivos».

Sin embargo, el director general de Centros Educativos e Infraestructuras de esta consejería, Jesús Pellicer, ha aclarado en la rueda de prensa que el Consejo Escolar de centro tiene que designar a una persona encargada de impulsar medidas educativas que «fomenten la igualdad real y efectiva» entre hombres y mujeres. «Ni qué decir tiene que el lenguaje inclusivo está dentro de esa igualdad», ha apostillado.

Esta decisión se ha conocido un día después de que la Asamblea Regional de Murcia aprobara una moción del grupo parlamentario Vox en la que se pide al ejecutivo autonómico la adopción de medidas legislativas, sancionadoras o reglamentarias para garantizar el conocimiento y el uso correcto, conforme a la norma gramatical vigente de la lengua española, por parte de las administraciones públicas.

El texto definitivo, que fue apoyado por PP y los grupos parlamentarios de Vox y Ciudadanos, controlados por diputados expulsados de ambas formaciones, incorporó una enmienda de los populares que modificaba la propuesta inicial de Vox, en la que se pedía la expresa prohibición del «mal llamado» lenguaje inclusivo.

Al respecto, Campuzano ha apuntado que su departamento ya estaba trabajando en este asunto antes de que se registrara la moción de su grupo en el parlamento autonómico y ha ceñido su decisión a una cuestión «educativa».

Estas declaraciones se han producido durante la presentación de una campaña por parte de la consejería para incentivar la participación de los padres en las elecciones al Consejo Escolar de cada centro, que se celebran el 24 de noviembre, con el objetivo de subir el porcentaje de votantes, que fue del 10 % en la anterior convocatoria.

Madrid también se sumará a esta línea, que lleva tiempo trabajando. Fuentes de educación, según el Mundo, aseguran que se alinean con «la postura de la RAE, que en repetidas ocasiones ha expresado su rechazo ante el uso de palabras aceptadas en el lenguaje inclusivo o no sexista, ya que el desdoblamiento gramatical del lenguaje inclusivo altera la economía del idioma», ya que están «estudiando cómo trasladar este criterio en los libros de texto utilizados en los centros educativos, que son supervisados por los inspectores cada vez que se edita uno de ellos».