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Manifestación interinos

Alrededor de doscientos empleados interinos de distintas administraciones se han concentrado para denunciar la precariedad en sus puestos de trabajoEFE

Educación

La regularización de los profesores interinos, un rompecabezas en manos de Hacienda

Hacienda reconoce que hace falta una regulación específica

El sector educativo pide cautela. La decisión del Ejecutivo de apuntarse un tanto con una estabilización masiva de las plazas de interinos –hay que recordar que Bruselas lleva años apretando las tuercas a España con este asunto– ha provocado muchas dudas entre los docentes, que no tienen claro si podrán beneficiarse de esta medida tal y como está planteado.

La Comisión Europea llevaba años detrás de España por el exceso de temporalidad en la Administración. Ante la presión europea, Iceta firmó un acuerdo con los principales sindicatos a principios de julio de este año para reducir la tasa de interinidad por debajo del 8 %.

Ahora el Gobierno ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos, ERC y PNV para convertir en funcionarios a los interinos con más de cinco años ininterrumpidos en la misma plaza. Una medida que, calculan, afectaría a unas 300.000 personas en España.

Sin embargo, este anuncio ha provocado muchas dudas en el sector educativo que prefiere esperar a su aprobación en el Congreso. Fuentes del sector resaltan que el actual texto permite diferentes interpretaciones y no se tiene muy claro ni su encaje constitucional, ni cómo se aplicará en la Educación.

Por eso, piden cautela. Fuentes consultadas por El Debate tienen claro que los titulares filtrados por el Ejecutivo no corresponden con la verdad y que habrá que esperar a la letra pequeña para saber la dimensión de esta situación.

Otras fuentes destacan que el articulado referido a los cinco años ininterrumpidos choca frontalmente con la situación de la mayoría de docentes.

Según explica una profesora de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid –que estuvo seis años en situación de interinidad–, tras aprobar la oposición pero no sacar plaza, un importante número de docentes pasan a trabajar en puestos de funcionario en régimen de interinidad, mientras que otros responden a sustituciones.

«Así se puede atender a la demanda de docentes con el ahorro de costes que supone en antigüedad, trienios, sexenios…», comenta.

Estos interinos suelen mantener su plaza; sin embargo, son despedidos el 31 de agosto para volver a ser contratados el 1 de septiembre.

El problema del número de interinos

Otro punto de conflicto respecto al proyecto de Ley es el número real de docentes en situación de interinidad, que podría oscilar entre el 24 y el 30 %. Según señalan desde diferentes fuentes, el problema es que algunas CCAA inflan las cifras de interinos incluyendo a los profesores contratados de bolsas de trabajo.

En lo que sí coinciden todos los consultados es que esta Ley debe garantizar seguridad jurídica al sector. «No podemos aprobar algo que implique un alargamiento de todos los procesos, solo espero que –con esta regularización– no haya agravios comparativos con otras comunidades ni con otros sectores», explican.

Regularización específica

Desde el Ministerio, reconocen que esta la regularización –tal y como está planteada– no podrá aplicarse a los docentes, por lo que será necesaria una regulación específica, de la que por el momento no han precisado detalles.

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