Sanidad y Educación, los sectores con mayor número de interinos en España

El Gobierno cerró el pasado jueves un acuerdo con ERC y PNV para que los trabajadores de la Administración Pública con carácter de interinidad con más de cinco años en el mismo puesto consigan una plaza fija, sin necesidad de opositar, mediante un concurso de méritos amparado en el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La medida afectaría a unas 300.000 personas. Para poder acceder a acceder a ella, el empleado público deberá llevar cinco años trabajando de forma ininterrumpidos y de manera consecutiva en la misma plaza.

Tanto Sanidad como Educación acumulan el mayor número del total de trabajadores interinos en España.

Los requisitos para acceder

El acuerdo, al que llegaron los grupos de PSOE y Unidas Podemos con ERC y PNV, incluye dos disposiciones adicionales que obligan a las Administraciones a convocar «por el sistema de concurso aquellas plazas de carácter estructural que han estado ocupadas por personal temporal» al menos desde el 1 de enero de 2016, a contar cinco años desde el 31 de diciembre de 2020, han informado fuentes parlamentarias.

Esto supone una rebaja a cinco años tras los diez exigidos inicialmente por el Ministerio de Hacienda para rebajar la temporalidad en la Administración, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza de forma automática.

Las mismas fuentes han explicado que a los interinos de tres a cinco años se exigirá un «concurso-oposición en los cuales los ejercicios de la fase de oposición pueden no ser eliminatorios», mientras que de cinco años para adelante habrá un concurso de méritos amparado en artículo 61.6 del EBEP. «Las plazas que pueden salir por concurso no están condicionadas a no haber sido previamente convocadas», han añadido.

Por otra parte, el acuerdo también incluye que se extienden «explícitamente» a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público.

Asimismo, se modifica la disposición transitoria que aborda los procesos de 2017 y 2018. «Se sigue hablando de que tienen que estar resueltas antes de 31 de diciembre de 2024» pero se elimina la referencia explícita a que «seguirán ejecutándose con arreglo a las previsiones de las respectivas convocatorias», han indicado.