Madrid declara la guerra a Educación para revertir el currículo de la LOMLOE

«El adoctrinamiento no va a suceder en la Comunidad de Madrid». La Comunidad de Madrid ya ha advertido que utilizará todas sus armas legales para corregir el «gravísimo error» que suponen los decretos curriculares de la LOMLOE, que eliminan la Filosofía en ESO y cualquier referencia anterior a 1812 en Bachillerato.

Tras la puesta en marcha de la LOMLOE, la Comunidad de Madrid aprobó la Ley Maestra para blindar la libertad de las familias para elegir el centro y el proyecto educativo que desean para sus hijos ante los ataques a la concertada, así como avalar el derecho a recibir las enseñanzas en España.

Ahora, la aprobación de los currículos ha desatado una nueva batalla entre Sol y Moncloa. Ha sido Enrique Ossorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, el encargado de denunciar que los nuevos decretos imponen «menos conocimientos, menos esfuerzo y más ideología» a los estudiantes y que agotará todas las vías para evitarlo.

«Por supuesto que hay que estudiar la igualdad entre hombres y mujeres, el medio ambiente, cuestiones relacionadas con la sexualidad… pero no puedes quitar conocimientos e impregnar el currículo de una ideología afín a los dos partidos que gobiernan España. A los colegios no se va a ser ideologizado, se va a aprender», ha señalado Ossorio.

Por eso, ha anunciado que en la Comunidad de Madrid se estudiará Filosofía y en Bachillerato, Historia antes de 1812. «Es un error que los alumnos no conozcan el Descubrimiento de América, qué ocurrió en nuestro país en la Edad Media o lo que pasó con los Austrias», ha asegurado.

¿Tiene margen la Comunidad de Madrid para revertir las partes más polémicas del currículo? Las autonomías tienen la posibilidad de regular el 40 % del currículo, aumentando al 50 % en el caso de las regiones con lengua cooficial. En ese sentido, la inclusión de la Filosofía en Secundaria es relativamente sencilla a través de una asignatura optativa en 4º de la ESO, algo que varias comunidades ya van a hacer.

Otro asunto más complicado es en Historia. Según explican fuentes del sector, las comunidades pueden establecer unos criterios de evaluación en base a los mínimos marcados por Educación en cada materia. Hasta ahora, el decreto de Bachillerato incluía todo el periodo histórico desde la Prehistoria hasta la actualidad y cada consejería establecía qué periodo debían estudiar los alumnos. Sin embargo, el nuevo currículo limita el comienzo a los inicios del régimen liberal y la Constitución de 1812, por lo que las comunidades tendrán las manos atadas a la hora de añadir material anterior a esa etapa.

Qué hacer con el Bachillerato General

Respecto al Bachillerato General, calificado por Ossorio como ciclo «descafeinado» y «naif», serán los centros los responsables de su implantación y no todos están por la labor. De hecho, en Cataluña estará disponible en apenas una veintena de centros para el próximo curso y la Conselleria admite que no todos los alumnos que quieran podrán hacer esta modalidad.

En la mayoría de los centros del país, no obstante, se mantiene la incertidumbre ya que la ley no especifica qué centros estarán autorizados a ofrecer esta modalidad. De hecho, el Consejo Escolar del Estado pidió que se incluyera una disposición precisando este asunto, pero Educación se negó y muchos estudiantes que se han apuntado a esta modalidad pueden quedarse fuera ante la duda de los centros.

Problema de plazos

Además, está el problema de los plazos por la tardanza en la aprobación de los decretos curriculares, algo que las comunidades y editores llevaban meses denunciado. La Comunidad de Madrid, a consulta de El Debate, ya ha advertido que esta «falta de premura» a la hora de establecer la ordenación y las enseñanzas mínimas, obliga a que se deba adoptar la decisión de aprobar este decreto «en el marco de la tramitación por vía de urgencia» dada la necesidad de que el Consejo de Gobierno «adopte las decisiones contenidas en el presente decreto para poder hacerlo efectivo, facilitar su aplicación en los centros docentes lo antes posible y evitar la incertidumbre de no disponer de este marco regulatorio en los momentos que se realiza la planificación del próximo curso escolar».