La resistencia educativa del PP planta cara a la ley Celaá: más exigencia y menos ideología

Hablaba López Rupérez del «peaje nacionalista» que el Gobierno había pagado para sacar adelante la LOMLOE. Y no le faltaba razón a este expresidente del Consejo Escolar del Estado: la Ley Celaá pasó el trámite parlamentario por la mínima gracias al apoyo de nacionalistas vascos y catalanes entre acusaciones de adoctrinamiento por parte de los grupos opositores.

Pero la aprobación de los decretos curriculares que establecen las enseñanzas mínimas de cada ciclo ha sido la puntilla que necesitaban las comunidades gobernadas por el PP para tomar cartas en el asunto. Matemáticas socioafectivas, descubrimiento infantil de la sexualidad, los éxitos de la II República… El Gobierno no ha hecho el mínimo esfuerzo por disimular el sesgo ideológico a lo largo de los diferentes textos, dejando muy poco margen a las comunidades para introducir sus aportaciones.

La LOMLOE recupera la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas para el establecimiento de las enseñanzas mínimas que eliminó el Gobierno de Mariano Rajoy. Así, con la nueva normal, las regiones con lengua cooficial se encargarán de ampliar el 50 % del currículo y, las que no la tienen, el 40 %.

Es este punto al que se agarran las comunidades gobernadas por el PP para intentar darle la vuelta a los textos aprobados por el Consejo de Ministros. Madrid ha sido, junto a Murcia, la autonomía más «rebelde» con un borrador que recomienda –porque no puede impedir– una mayor exigencia en materia de promoción y titulación.

En el texto regional, al que ha tenido acceso El Debate, se establece que las decisiones sobre promoción o titulación del alumno «atenderán a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del mismo», adoptando «una mayoría cualificada de dos tercios».

Este borrador también apunta «para facilitar la toma de decisiones», que los docentes podrán obligar a un alumno a repetir «cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias». Excepcionalmente, propone, podrán pasar de curso con más suspensos, siempre que estos no sean simultáneamente en Lengua y Matemáticas, y que el profesorado considere que una evaluación negativa «no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente». Es decir, una vuelta a los principios de la LOMCE que también se aplicará en Murcia en los mismos términos.

Galicia y Castilla y León, al igual que Murcia y Madrid, recuperarán las calificaciones numéricas e introducirá como optativa la asignatura de Filosofía en 4º de la ESO, cuya eliminación provocó una intensa polémica en el sector educativo. Sin embargo, ni la consejería de Castilla y León ni la de Galicia han decidido todavía sobre la promoción y titulación.

Andalucía, por su parte, todavía no se ha pronunciado debido al adelanto electoral y al cambio de titular al frente de la Consejería de Educación tras el fallecimiento de Javier Imbroda, aunque el nuevo consejero ya ha advertido que el borrador andaluz irá en una línea similar al del resto de comunidades populares.

Religión y su asignatura espejo

Religión es otro de los frentes de batalla de esta «disidencia educativa». Casi todas las comunidades coinciden en que es necesario definir la «asignatura espejo» aunque solo Galicia ha concretado la materia, que se llamará Proyecto Competencial y en la que los centros trabajarán con los alumnos en el diseño, desarrollo y presentación de proyectos.

En el caso de Madrid, además, las calificaciones vendrán desglosadas en una nota media sin incluir las calificaciones obtenidas en Religión y otra con ellas.

Ampliación de Geografía e Historia

Los decretos regionales también completan o «refinan» las asignaturas de Secundaria. Concretamente, Geografía e Historia sufren un lavado de cara con la concreción de contenidos como la Hispania Romana, el legado de España en América o el terrorismo de ETA.