Antonio Abril: «El modelo de la universidad pública fomenta el corporativismo y la endogamia»

El ministro de Universidades, Joan Subirats, acaba de presentar el borrador de la LOSU que pretende ofrecer al sistema universitario «las herramientas para adaptarse a los cambios sociales y económicos que se están produciendo».

Sin embargo, este texto sigue sin abordar el modelo de gobernanza, un asunto de extrema importancia que amenaza con dejar en papel mojado cualquier cambio normativo por las graves implicaciones que tiene para el sistema universitario.

Sobre este tema hablamos con Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, órganos de control que se han visto gravemente perjudicados por el borrador de la Ley de Universidades

–¿Qué son los Consejos Sociales de la Universidad?

–Somos el puente entre la universidad y la sociedad. Nuestra principal función es asegurarnos que la universidad dé respuestas adecuadas a las necesidades de un servicio público de educación superior. La realidad es que solo somos órganos de control económico y presupuestario, pero con capacidades muy limitadas.

Esta es una de las principales denuncias de los Consejos Sociales. No tenemos control interno de la actividad económica y presupuestaria –que depende del rector y del Consejo de Gobierno– por lo que no podemos ejercer una supervisión como deberíamos, algo que lleva denunciando reiteradamente el Tribunal de Cuentas y los órganos de control regionales.

–¿Cómo afecta el actual modelo de gobernanza?

–Queremos universidades con una gestión competitiva y meritocrática, abiertas a la sociedad que es quien la financia con sus impuestos. El anteproyecto de la LOSU insiste en un modelo de gobernanza totalmente desfasado y que, de hecho, solo existe en España.

La OCDE, en su informe Hoja de ruta para mejorar la cooperación entre universidades, investigación y empresa en España dice literalmente que hay que rediseñar los sistemas de gobernanza de las universidades «evitando la injerencia política en sus operaciones mediante una autonomía funcional más efectiva». Esto solo se puede hacer a través de la transformación del actual sistema, aumentando el papel y las capacidades de los Consejos Sociales. Y este anteproyecto va en dirección contraria.

–¿Por qué Universidades se niega a abordar este cambio?

–El Ministerio está sujeto a un sistema de presiones, con una ideología determinada y unas prioridades que no son las de los Consejos Sociales. Nuestra prioridad es la gerencia universitaria, la competitividad, que la universidad sea un motor de desarrollo económico y social que transfiera resultados al sector productivo… Para esto tiene que haber participación de la sociedad en la gobernanza y transparencia.

–Subirats insistió en varias ocasiones en la europeización del sistema universitario; sin embargo, ustedes denuncian que «nos aleja de los sistemas europeos comparables».

–El sistema español es único en el mundo, se aparta sustancialmente de los modelos de éxito europeos y este anteproyecto nos aleja aún más. No hay más que ver cómo se configura en el texto el Consejo de Gobierno, que establece que los estatutos de la universidad determinarán la representación del Consejo Social. Es decir, el órgano que representa a la sociedad que financia con sus impuestos la universidad, queda en manos de la propia universidad. Es increíble.

Pero lo más inaceptable es que los representantes del Consejo Social en el órgano de gobierno tendrán voz pero no voto. Es exactamente lo contrario a lo que ocurre en Europa. Nosotros le preguntamos al Ministerio por qué esta ley insiste en un modelo de gobernanza absolutamente denostado por todas las referencias de la sociedad civil. Sin respuesta, por supuesto.

–¿Qué le parece el sistema de elección del rector?

–El rector va a seguir siendo elegido por sufragio ponderado de quienes trabajan y estudian en la universidad, cosa que no pasa en ningún país del mundo. En todos los sistemas –sobre todo los homologables europeos– los rectores se eligen por concurso de méritos y, entre otros, por los de gestión. El modelo de la universidad pública es totalmente anómalo y excepcional, y fomenta el corporativismo y la endogamia. No solo ya por el sistema de asignación del rector, sino por todo lo que hay detrás.

Confío en que, durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, se mejore todo lo relativo al sistema de gestión, gobierno, transparencia y rendición de cuentas. De confirmarse el actual texto, sería ponernos en evidencia como universidad pública ante Europa y ante el mundo.