El ministro de Universidades, Joan Subirats.
Educación
Así paga Subirats el peaje nacionalista en la ley de universidades
El ministro compromete su garantía de aumentar la financiación de los centros
La ley de universidades superó este martes un nuevo trámite parlamentario con la aprobación del dictamen de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades que introduce importantes cesiones a los nacionalistas y un importante varapalo a Subirats, que prometió mejoras en la financiación y ahora se han quedado en meros objetivos.
Se quejaba María Jesús Moro, portavoz del PP, de que apenas se habían aceptado una docena de las más de cien enmiendas presentadas por su grupo mientras que los nacionalistas habían visto incorporadas 245 de las 269 planteadas. Tan solo se ha quedado fuera la petición del PNV de eliminar la firma del Rey de los títulos.
En el nuevo texto, los nacionalistas han conseguido garantizar la inclusión «de las lenguas oficiales del Estado español» en el programa Erasmus+ o la sustitución de «país» por «Estado». Pero si hay un cambio especialmente conflictivo es el relativo a la financiación, que ya enfrentó al defenestrado Castells con el sector.
A su llegada al Ministerio, Subirats intentó calmar los ánimos incluyendo un incremento de la financiación del sistema universitario español del 0,7 % actual al 1 % del PIB. Sin embargo, el nuevo texto establece que, lo que antes era una obligación del Estado con las Comunidades Autónomas, ahora es un «objetivo común». Se trata de un pequeño matiz que compromete la garantía del ministro y que podría volver a abrir un frente con los rectores y las comunidades.
Rector de universidad
Otra de las novedades que incorpora el texto es que los rectores ya no tendrán que ser funcionarios. Así, los candidatos «deberán ser personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo y reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los Estatutos».
«En todo caso, dichos méritos deberán garantizar una alta capacidad investigadora, una acreditada trayectoria docente, así como una suficiente experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal», añade el texto.