Educación
El sistema de becas de la ley de universidades favorecerá a las regiones más ricas
Autonomías y centros podrán regular un sistema propio de ayudas al estudio a cargo de los Presupuestos
La LOSU sigue indignando a la comunidad educativa por las constantes cesiones a los separatistas y el incumplimiento de las promesas de financiación. Además, el texto que ahora llega al Senado profundiza aún más en las desigualdades entre comunidades por su sistema de becas.
La llegada de Subirats a Universidades fue acogida con cierto optimismo por el sector tras la falta de consenso mostrada por Manuel Castells al frente del Ministerio. De hecho, el catalán apostó por retomar el diálogo, y sus promesas sobre financiación y modernización de la Universidad fueron del agrado de la comunidad educativa. Pero la tramitación parlamentaria ha convertido en humo las buenas intenciones. Y además ahonda en las desigualdades.
En su último trámite antes de pasar al Senado, se incorporó un texto que permite a las comunidades, «ofertar y regular un sistema propio de becas y ayudas al estudio con cargo a los presupuestos». «Asimismo, las universidades, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer su propio sistema de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos», añade.
La nueva ley permitirá a los campus posicionarse ideológicamente en «temáticas de especial trascendencia»
Esto permitirá a las comunidades más ricas ofrecer mejores ayudas a los estudiantes que aquellas con problemas de financiación. Además, elimina la obligatoriedad de aportar el 1 % del PIB a las universidades para convertirla en un «objetivo común» que no garantiza la mejora presupuestaria.
El posicionamiento ideológico es otro de los puntos conflictivos. Mientras alumnos de universidades catalanas están siendo perseguidos y agredidos por la defensa del constitucionalismo, la nueva ley permitirá a los campus posicionarse ideológicamente en «temáticas de especial trascendencia» a pesar de las condenas contra varios centros por romper su neutralidad.
Los nacionalistas consiguieron también garantizar la inclusión «de las lenguas oficiales del Estado español» en el programa Erasmus+ o la sustitución de «país» por «Estado».
Colegios mayores
La nueva ley prohibirá que los colegios mayores privados no mixtos puedan adscribirse a las universidades públicas, una propuesta que la oposición criticó duramente por haber sido incorporada «porque ha habido un escándalo», en referencia al caso del Colegio Mayor Elías Ahúja.
Según el nuevo texto, «aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse». «Desde las universidades públicas se debe garantizar un modelo de residencias de estudiantes que se rija por los principios de igualdad», apunta.