Las cesiones del Gobierno a los separatistas marcan la ley de universidades

Cualquier mención a «nuestro país» por «la sociedad» o «el Estado», la inclusión de las lenguas oficiales en programas de movilidad como Erasmus o la politización de las universidades. Son muchos los ejemplos de la cesión del Gobierno a los separatistas en la nueva ley de universidades que este año encara la fase final de su tramitación.

Con apenas cinco votos por encima de la mayoría, el Pleno del Congreso aprobó el pasado mes de diciembre el proyecto de Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU), un texto que pretendía modernizar la universidad y ha acabado convirtiéndose en un cúmulo de concesiones a los partidos nacionalistas que no soluciona ninguno de los grandes problemas del sistema –principalmente la financiación y la gobernanza–.

Fueron las enmiendas de última hora las que más han llamado la atención. Por ejemplo, se eliminan todas las menciones a «nuestro país» para cambiarlas por «la sociedad», «el Estado» o «el Estado español». Además, el artículo 2.2 e) incluye, entre las funciones del sistema universitario, «la promoción de las lenguas oficiales de las mismas».

También se promoverá «la investigación, la transferencia e intercambio del conocimiento en las lenguas oficiales de sus territorios» (artículo 11.5) o que las universidades deberán adoptar medidas para asegurar «la diversidad cultural y lingüística» de las actividades voluntarias del estudiantado (artículo 19.3).

Una de las modificaciones que más han llamado la atención es la del artículo 20 que añade (en negrita) el siguiente texto: «Las universidades fomentarán y facilitarán el conocimiento y el uso como lengua de transmisión universitaria de las lenguas oficiales propias de sus territorios, de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos y en la particular normativa autonómica, desarrollando planes específicos al respecto».

«Las Administraciones Públicas apoyarán y facilitarán el desarrollo de las políticas universitarias orientadas a la cooficialidad y a la diversidad lingüística. En lo que respecta a las universidades públicas, la singularidad lingüística será objeto de financiación, en los términos de lo dispuesto por el artículo 56».

Además, el artículo 27.2, asegura la inclusión «de las lenguas oficiales del Estado español» en los programas de movilidad con fondos de la Unión Europea –como es el caso de Erasmus+– y de financiación pública.

Desigualdades por las becas

Otro de los asuntos controvertidos es el añadido del sistema de becas que aumentará las desigualdades entre las comunidades. Según establece el artículo 32.2, las CC.AA. «podrán ofertar y regular un sistema propio de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos».

«Para asegurar la eficacia del sistema y una gestión descentralizada, se establecerán los oportunos mecanismos de información, coordinación y cooperación entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas», añade.

«Debatir otras temáticas»

Pero la cuestión más polémica es sin duda la modificación del artículo 45.2 –presentada por ERC y Bildu–, relativa a las funciones fundamentales del claustro, que incluye «analizar y debatir otras temáticas de especial transcendencia». Se trata de la principal concesión a los nacionalistas en Cataluña, donde varias universidades fueron condenadas por el Tribunal Supremo por vulnerar la neutralidad política y la libertad de expresión durante el juicio del procés.

En la práctica, esta enmienda permitirá a las universidades catalanas –que miran para otro lado cuando se producen agresiones a estudiantes constitucionalistas– posicionarse ideológicamente en asuntos de actualidad política. Es tal la desfachatez del cambio, que miles de profesores y catedráticos de todo el país han enviado una carta a los senadores para evitar que se incluya en el texto.