Los profesores piden «neutralidad ideológica» a la ley de Universidades para «zanjar cualquier duda»

Universitaris per la Convivència, la plataforma que lucha por la libertad ideológica de los profesores catalanes, ha pedido al ministro de Universidades, Joan Subirats, que en el articulado de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en trámite en el Senado, «se incluya expresamente el deber de neutralidad ideológica de las universidades públicas y de todos sus órganos de gobierno y representación».

En una carta abierta, el colectivo ha reclamado al ministro que «promueva una modificación en el trámite de la ley en el Senado y se suprima el artículo 45.2 g», que establece como «función fundamental» de los claustros universitarios «analizar y debatir temáticas de especial trascendencia».

Según los profesores, «sólo eliminando el artículo se zanjará cualquier duda y se aprobará una ley plenamente respetuosa con la Constitución, como ha sido reiterada y consistentemente interpretada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo».

Los profesores han reaccionado a la respuesta del ministro a la carta en la que pedían a senadores y diputados que la LOSU «proteja explícitamente la neutralidad política de los claustros para evitar que puedan repetirse posicionamientos políticos como los que tuvieron lugar contra las condenas de los políticos del procés en 2019».

Propuesta indepentista

En la carta, los profesores denunciaron que una enmienda promovida por ERC y EH Bildu a la LOSU vaya orientada a favorecer los pronunciamientos partidistas en las universidades.

Como respuesta, Joan Subirats negó que la LOSU recoja que los claustros deban posicionarse sobre temas ideológicos y afirmó que las universidades son un «foro abierto para el debate e intercambio de ideas», lo que está en «plena consonancia con los principios democráticos y constitucionales».

Ante esta aseveración, Universitaris per la Convivència considera que «aprobar declaraciones y manifiestos de contenido ideológico no es expresión de apertura ni está en consonancia con principio constitucional o democrático alguno, sino justamente todo lo contrario», por lo que han pedido al ministro que se eviten «vaguedades» en la norma y que ésta no sea susceptible de interpretaciones.

Universitaris per la Convivència ha recordado que están a la espera de que el ministro les conceda una audiencia para «exponerle nuestras preocupaciones, propuestas y argumentos», ya que consideran que «está en juego que la Universidad siga siendo un espacio público, abierto y plural».