Qué son los Principios de Yogyakarta, el mecanismo de presión trans para destruir la convivencia en colegios

Un instrumento de presión del lobby transgenerista, sin validez jurídica, que amenaza con destruir la convivencia en colegios e institutos, toda vez que permiten a los alumnos autodiagnosticados como trans usar los baños y vestuarios según su «género sentido», es decir, los que no le corresponden.

Aunque sus defensores los presentan como una serie de razonamientos «sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género», lo cierto es que los conocidos como Principios de Yogyakarta –elaborados por un grupo de expertos en derechos humanos de distintas regiones y diversa formación– no son tan inocentes ni bienintencionados.

Sus promotores dicen que «prometen un futuro diferente, donde todas las personas, habiendo nacido libres e iguales en dignidad y derechos, podrán ejercer ese precioso derecho adquirido al momento de nacer».

En los protocolos educativos

No se sabe cómo, los Principios de Yogyakarta –que toma su nombre de la ciudad indonesia de Java donde fueron rubricados– acabaron impregnando los protocolos educativos de algunas comunidades autónomas.

Esto es al menos lo que afirma la asociación Contra el Borrado de las Mujeres, que razona que en España hay en vigor 13 polémicos protocolos educativos que están confeccionados como una derivación de las leyes LGTBI o trans, que beben de estos principios.

Así, en un informe de esta plataforma feminista, se remarca que «son un documento elaborado por el lobby transgenerista que no emanan ni constituyen, en modo alguno, ni son parte del ordenamiento jurídico internacional, a diferencia del marco normativo señalado en líneas anteriores en vigor y vinculante, que es ignorado, que protege los derechos de la infancia y la adolescencia, de las niñas y jóvenes principalmente».

El informe recuerda que estos principios «no fueron adoptados por los Estados en un tratado internacional y en consecuencia, no implican obligaciones ni derechos ni para ellos ni para las personas físicas o jurídicas».

Por ello, concluyen, los Principios de Yogyakarta ignoran deliberadamente que la integración de la llamada «perspectiva de género» en la Plataforma y Declaración de Pekín de 1995 «surgió como estrategia para rectificar la desigual posición de las mujeres en diferentes ámbitos».

La asociación Contra el Borrado de las Mujeres cree que la imprecisión conceptual que se esconde bajo acrónimo incorporados en dichos principios, combinados con conceptos de nueva creación derivados de ello, puede provocar el efecto contrario y restar visibilidad y protección a aquellas personas a las que dicen proteger.