Móviles en las aulas: Italia y Francia los destierran de los colegios; casi toda España los permite

¿Debe permitirse la entrada de los teléfonos móviles a los colegios e institutos, aunque su uso esté muy delimitado a determinados espacios? Se da la circunstancia que mientras otros países europeos como Italia y Francia los tienen totalmente prohibidos en sus centros educativos, en España solo hay dos regiones que siguen su ejemplo.

En 2022, el ministro de Educación italiano Giuseppe Valditara –dentro del Gobierno de Giorgia Meloni– emitió una circular dirigida a todos los colegios e institutos donde se prohibía taxativamente el uso del teléfono móvil durante las clases por ser «un elemento de distracción para uno mismo y para los demás y una falta de respeto a los profesores».

La nota ministerial aclaraba entonces que su uso, así como el de otros dispositivos electrónicos, «podría permitirse con la autorización del profesor y respetando la normativa escolar».

La circular ministerial incluyó un informe elaborado por una comisión parlamentaria sobre los riesgos para la salud de los niños que pueden derivarse del uso continuado de los teléfonos móviles. Hasta entonces, era decisión del director del centro educativo el consentir (o no) que los estudiantes pudieran utilizarlo.

Madrid y Galicia también los prohíben

El ejemplo italiano se reproduce parcialmente en nuestro país. Fruto de decisiones autonómicas, Madrid y Galicia son las dos únicas comunidades autónomas españolas que prohíben explícitamente el uso de los móviles como mecanismo de comunicación en los colegios durante el horario lectivo. En el resto de regiones, son los centros los que limitan su uso.

Este dato se ha conocido recientemente tras una pregunta parlamentaria del Grupo Vox al Gobierno sobre si el Ejecutivo tenía alguna intención de promover alguna iniciativa para que, de manera unificada en todo el territorio, se limitara el uso de dispositivos móviles en los centros educativos.

Galicia los prohibió en el año 2015 y Madrid lo hizo en 2020. En el resto de las comunidades autónomas, el Ejecutivo explica es el centro el que «tiene la capacidad de decisión dentro del marco de su autonomía organizativa, pedagógica y de gestión.

El Gobierno ha recalcado que la LOMLOE, la ley educativa conocida como 'Ley Celaá', a través del nuevo currículo educativo, insiste en «fomentar un uso crítico y consumo responsable de los medios digitales» y, entre otras medidas, incorpora la figura del Coordinador de Bienestar y Protección en todos los centros educativos.