Así se ha aniquilado al español en las escuelas de Cataluña

El pleno municipal de la localidad barcelonesa de San Vicente dels Horts, donde el nacionalismo ha señalado a las plataformas que defienden la supervivencia del español en las aulas, ha sido la penúltima humillación del régimen lingüístico catalán a lengua oficial de todo el Estado.

Así, los grupos nacionalistas que conforman el consistorio –con la aquiescencia del PSC– han pretendido dar un escarmiento a la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña y Docentes Libres por haber alzado la voz tras tener noticia del proyecto lingüístico propuesto por la escuela Joan Juncadella, en el que se prohibirá que la profesora de castellano acceda a las aulas si no es para dar clase.

Pero más allá del esperado apoyo del mundo político al colegio y a su equipo directivo, es particularmente llamativo echar un vistazo a las reseñas que en Google tiene el centro. Si cualquier persona escribe en el famoso buscador el nombre de la escuela, encontrará lo que piensan de ella muchos padres y familias en torno a la inmersión lingüística que se practica.

«A mi sobrina le amargan la vida porque ella prefiere hablar castellano. Profesores preguntándole por qué no habla catalán todo el rato», lamenta Javier Cold. «Colegio catalanista independentista que no permite usar el español», asegura Joaquín López. «Ideal si quieres que le laven el cerebro a tu hijo», dice por su parte Alejandro Molina. «No es un colegio, es un campo de reeducación», remata otra persona.

Lo grave es que, a pesar de lo que tanta gente piensa, y denuncia en público, ya no hay vuelta atrás. El nuevo decreto lingüístico aniquila cualquier resto que quedara del español, así como la autonomía de los centros, pasando toda la responsabilidad de la política lingüística al Gobierno de la Generalitat.

La puntilla vía decreto

Uno de los primeros pasos de la nueva consejera de Educación de la Generalitat es blindar aún más el catalán y arrinconar los (escasos) vestigios del castellano que quedan en las aulas tras la sentencia del TSJC para que se garantizase el 25 % del castellano. De ahí que esta semana Anna Simó (ERC) haya impulsado el mencionado decreto del régimen lingüístico del sistema educativo, que precisa cómo aprobar, evaluar y revisar los proyectos lingüísticos de centro (PLC).

El presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés, lo ha dejado claro. El impulso para esta nueva norma surge después de que el pasado jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avalara el 25 % de castellano en tres aulas de escuelas de esta región, pidiendo que al menos una asignatura troncal, adicional a la de castellano, fuera impartida en lengua castellana.

Inmediatamente después, los poderes públicos han maniobrado para aprobar leyes que, según su visión de las cosas, deben ser respetadas por la Justicia.

«El TSJC quiere hacer de Tribunal Constitucional, de Parlamento de Cataluña y de 'Govern'. Igual que los docentes no hacen de jueces, que los jueces no hacen de docentes», reaccionó el dirigente independentista cuando tuvo constancia que los jueces exigían impartir una asignatura adicional en castellano.

Política lingüística

Los proyectos lingüísticos de los centros educativos llevan años funcionando como una especie de trampa de la que se sirven las direcciones de los mismos, normalmente en manos de afines al nacionalismo, para imponer a profesores y docentes sus planes.

Hasta el momento, eran los planes educativos que validaba la Generalitat para burlar las resoluciones de la Justicia, como la ya mencionada del 25 %.

El Departamento de Educación de la Generalitat era el responsable de validarlos. Los centros los elaboraban y el Gobierno autonómico lo revisaba, pero enviando a las escuelas e institutos instrucciones y cuestionarios sobre el uso de las lenguas.

Ahora, el Gobierno va más allá, reforzando a través de este decreto que sea dicho departamento el que sea el responsable de estos proyectos. «Lo hacemos para dar seguridad» a las escuelas, dijo Simó.

Este decreto contempla que los responsables de los proyectos educativos de las escuelas «no son las direcciones de los centros, sino el departamento de Educación», así como también asegura que los proyectos lingüísticos no se puedan cambiar con el curso iniciado y la vehicularidad del catalán en las aulas catalanas.

Simó ha remarcado que «el Govern», con este plan, pretende «proteger los proyectos lingüísticos» de los centros y «rechazar las injerencias políticas y judiciales» y ha asegurado: «Esta 'consellera' y el Govern no permitiremos el retroceso de derechos lingüísticos». Unos derechos que niegan a los que desean para sus hijos la educación bilingüe que incluya el español.