El Gobierno catalán pone buzones para que se denuncie a los profesores que usan el español en la universidad

La Generalitat catalana ha reactivado su estrategia de seguir aislando al español en los centros educativos, y ahora ha vuelto a poner sus ojos en las universidades.

Mediante la campaña Si te cambian la lengua, no te cortes, el gobierno de Pere Aragonès y el Departamento de Investigación y Universidades buscan «garantizar los derechos lingüísticos del estudiantado y el profesorado», eso sí, siempre y cuando se hagan en el marco del llamado Plan de fortalecimiento de la lengua catalana en el sistema universitario.

Es otras palabras, que el catalán ya no sea solo la lengua vehicular en la enseñanza universitaria, sino que lo sea pero con el castellano pintando cada vez menos.

El catalán no se puede cambiar

El texto de la campaña lo deja claro. Una vez comience la docencia en catalán, ni las quejas de alumnos ni las sentencias de la Justicia podrán hacer varias un ápice la senda marcada por las instituciones: «Siguiendo el criterio de transparencia y seguridad lingüística, a principio de cada curso cada universidad hace pública la lengua en la que se impartirán los diversos grupos para que el estudiante disponga de esta información antes de matricularse. Una vez empezado el curso, la lengua de docencia no se puede cambiar, aunque un alumno lo pida», reza el documento.

Para tal fin, se han habilitado los llamados buzones de derechos lingüísticos en muchas de las universidades de Cataluña, entre las que se encuentran la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Ramon Llull, la Universidad de Lérida, la Universidad de Gerona, la Universidad Rovira i Virgili, la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad de Vic, la Universidad Internacional de Cataluña, y la Universidad Abad Oliva, entre otras.

Unos buzones con los que el Ejecutivo nacionalista se quiere asegurar que dichos centros velen «porque estos compromisos se cumplan». Es decir, que cualquiera puede acudir a ellos para 'denunciar' al alumno o profesor que se ponga protestón a favor de su derecho a aprender en español.

«En caso de que se produzca alguna incidencia –continúa el texto que puede leerse en una página web creada ad hoc–las universidades harán un seguimiento caso por caso con el fin de restituir la lengua anunciada en el máximo número de casos posibles».

Traducimos: si hay alumnos y familias castellanoparlantes, que quieren exigir el cumplimiento de sus derechos para estudiar en español, según las múltiples sentencias de la Justicia a su favor, no podrán hacer nada, porque el nacionalismo se ha asegurado de poner a disposición de los grupos de independentistas, tan habituales en el entorno universitario, «un conjunto de buzones de derechos lingüísticos con el fin de canalizar, de manera confidencial, las consultas y quejas sobre cambios en la lengua de docencia anunciada».