Los rectores señalan al Gobierno por eludir su responsabilidad de gestionar y pagar la cotización de becarios

Los rectores se revuelven contra el Gobierno y lo señalan directamente a cuenta de la cotización de los becarios. Crue Universidades Españolas, que agrupa a 76 universidades españolas (50 públicas y 26 privadas), ha denunciado que los propios ministerios del Gobierno que ha impulsado esa cotización a la Seguridad Social de los becarios, a la vez que muchos organismos autonómicos, han «eludido su responsabilidad en la gestión administrativa y pago de estas cotizaciones».

En concreto, los rectores han puesto como ejemplo lo sucedido con los ministerios con competencias en Defensa, Justicia o, incluso, con el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre otros, que se han dirigido por escrito a las universidades «para solicitar el cambio de los convenios regulatorios para que sean las instituciones universitarias las que asumamos toda la gestión y pago dentro del nuevo sistema».

«En el caso de las comunidades autónomas solo algunas han asumido el coste, pero en ningún caso la gestión», asegura la Crue en un comunicado en el que advierte de que, a pesar de que la responsabilidad de gestionar y pagar las cotizaciones de los becarios recae en las entidades receptoras del estudiantado en prácticas, tanto las empresas como las administraciones públicas «se han desentendido de esta obligación».

Por ello, los rectores afirman que han sido las universidades las que han «tenido que asumir estas tareas», ya que en el caso de las empresas «más de un 98 % han eludido el pago de las cotizaciones y un 100 % su gestión administrativa».

Las universidades, a pesar de sus muchas dificultades financieras, han asumido el coste de estas cotizaciones (unos 9 millones de euros anuales siempre que se mantenga la bonificación) y, sobre todo, el «enorme esfuerzo» de gestión administrativa que representan las 400.000 prácticas estimadas y que está obligando a estas instituciones educativas a incrementar sus plantillas de personal técnico, de gestión, administración y servicios, a adquirir plataformas digitales y a formar a su personal.

Las universidades españolas han pasado a aplicar, desde el 1 de enero de 2024, la Disposición Quincuagésima Segunda del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, por la que se establece la cotización en la Seguridad Social del estudiantado que realice las prácticas curriculares incluidas en sus planes de estudio.

Crue destaca que «la enorme dimensión y heterogeneidad del colectivo estudiantil plantea numerosas dudas a la hora de realizar los procesos de altas y bajas». Aunque algunas de las dudas han sido resueltas, detallan que «aún quedan por resolver otras muchas que afectan, por ejemplo, a cómo actuar con el estudiantado en movilidad saliente o entrante o con el estudiantado que en este momento recibe tratamiento médico dentro de la cobertura que se proporciona a sus progenitores a través de Muface».

Las universidades se sienten «agraviadas», en términos comparativos, al conocer cómo desde el Gobierno se ha asumido la gestión y coste de las prácticas correspondientes al estudiantado de FP, «sin dar el mismo tratamiento al estudiantado universitario, lo cual establece un evidente principio de discriminación».

Igualmente, manifiestan su sorpresa al ver el «alto grado de improvisación y confusión con el que esta medida se está implementado». «En todo este proceso las universidades no hemos sido consultadas ni informadas por los cauces normales de una relación leal entre instituciones», sentencian.

Las universidades también están preocupadas por las informaciones «inexactas» que se están difundiendo, en las que el estudiantado en prácticas «resulta erróneamente identificado con el estudiantado becario; en las que se confunden las prácticas curriculares con las extracurriculares, aun siendo estas de muy distinta naturaleza y tratamiento, o en las que se habla de situaciones como el encadenamiento de prácticas que, lógicamente, no tiene cabida en la implementación de un plan de estudios».

Ante todo lo expuesto, las universidades españolas quieren dejar constancia de su plena disposición para que el nuevo sistema se pueda aplicar con todas las garantías y quieren trasladar tranquilidad a sus estudiantes, pues seguirán actuando con la responsabilidad y el compromiso institucional que las caracteriza y velando siempre por la mejor formación y empleabilidad de su estudiantado.