El Gobierno monitoriza las redes de alumnos «para evitar incidentes antisemitas en colegios»
Educación
El Gobierno reconoce que vigila a los alumnos en las redes para que no viertan opiniones antisemitas
El Ejecutivo asegura que monitoriza el uso de internet de los estudiantes para evitar que se puedan lanzar contenidos de odio hacia los judíos
El Gobierno ha reconocido que monitoriza las redes sociales de los estudiantes para saber qué opina el alumnado de España sobre la guerra entre Israel y Hamás.
Tal y como ha asegurado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria dirigida al Grupo Popular sobre las medidas que están tomando para combatir el antisemitismo en toda España, especialmente en centros escolares, Moncloa ha contestado que se sirve del Protocolo para combatir el discurso ilegal en línea para poder solicitar la retirada de los contenidos inadecuados.
El Gobierno central se ha remitido también al Plan Nacional de Implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo, donde se recogen las acciones que ya están reguladas y previstas en nuestro sistema educativo, tanto para trabajar la convivencia en sociedades plurales como específicamente las referidas al estudio del Holocausto y el antisemitismo que están incluidas en los currículos de secundaria y bachillerato.
Se da la circunstancia de que Pedro Sánchez ha sido fuertemente criticado por el Gobierno de Netanyahu tras expresar sus «francas dudas» en TVE de que el ejército de ese país estuviera respetando el derecho internacional humanitario en sus operaciones militares en Cisjordania, hasta el punto de que se llamó a consultas a su embajadora en Madrid.
Estrategia contra la desinformación
La polémica surgió en el mes de abril de 2020, en plena pandemia del coronavirus, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que reconocer que el Gobierno de Sánchez había iniciado una monitorización de las redes sociales «con el fin de comprobar algunos discursos peligrosos e incluso delictivos», que englobó en lo que definió como «campañas de desinformación» en estas plataformas, con respecto a las críticas a la gestión de Moncloa de la crisis de la covid.
«Son las propias plataformas, siguiendo sus protocolos de actuación, las que acuerdan la retirada, no es el Gobierno, ni el Ministerio del Interior, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», comentó Marlaska ante los reproches de la ciudadanía y de la oposición.
Posteriormente, en el año 2021, se creó el Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea, que nació «como una herramienta para reforzar la colaboración entre instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Microsoft y TikTok)» en la lucha contra el discurso de odio en redes sociales.
Un protocolo contra el discurso de odio
Además, el Gobierno llegó a anunciar la creación de la figura conocida como «comunicador fiable» (trusted flagger, o informador de confianza) dentro de esta estrategia, que provendría de la Administración y de las empresas proveedoras de servicios de alojamiento de datos. La mayor crítica que se le hizo entonces es que el Ejecutivo jamás aclaró qué contenidos pidió retirar.