Educación
La privada y la concertada resisten a la ley Celaá: miles de centros y millones de alumnos siguen creyendo en ellas
La LOMLOE y otros factores como la baja natalidad amenazan a este tipo de modelo, que, sin embargo, sigue exhibiendo sus números como su principal fortaleza
La escuela concertada y privada resisten a la ley Celaá y a la baja natalidad en España, los dos factores que la amenazan.
A día de hoy, son 9.400 centros concertados y privados los que representan en España casi el 30 % de la enseñanza no universitaria, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En ellos, se forman actualmente 2.749.603 alumnos, incluyendo además de infantil, primaria y secundaria, la educación especial, bachillerato, los grados medios y superiores de FP y otros programas formativos.
El cerco de la ley Celaá
Este modelo de educación advirtió en su momento que determinados aspectos de la LOMLOE, la actual norma educativa vigente, perjudicaban «al sistema educativo» y limitaban «libertades y derechos» de los ciudadanos.
Tal es así que Vox interpuso en 2021 un recurso en el TC para impugnar «la parte más sectaria de la ley» por suponer un ataque directo a las enseñanzas concertadas, la educación religiosa, y los centros de educación especial. La mayoría progresista del Constitucional lo rechazó.
La ley Celaá enmendaba la anterior norma, la LOMCE, que establecía en la programación de la red de colegios el concepto de «demanda social», lo que en cierto modo blindaba esta pluralidad y libertad (o al menos posibilidad) por parte de las familias. A la vez, la LOMLOE introdujo un nuevo punto que pasaba por afirmar que eran las administraciones públicas las que deberían promover «un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública».
El abogado especializado en el sector educativo, Jesús Muñoz de Prego, advirtió a El Debate que este postulado, si no iba vinculado a las necesidades de escolarización de la zona o a la mencionada demanda social, se produciría un incremento de centros que iría aparejado con «la eliminación de más unidades concertadas con demanda».
La baja natalidad
La baja natalidad y la falta de financiación de los centros son otros de los grandes problemas principales a los que se enfrenta el sector, según se desprendía del balance realizado por FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza).
Para este organismo, las cuestiones más graves –y urgentes–«son el problema de financiación de los centros concertados, la diferencia de condiciones laborales de sus trabajadores respecto de la enseñanza pública y la baja natalidad», que obligará a numerosos centros privados y concertados a cerrar unidades y recortar personal, ante la ausencia del alumnado.
Esta organización sindical ha animado a defender «la libertad de elección de centro por parte de las familias», según ha quedado consagrado en el artículo 27 de la Constitución Española.
FSIE destaca que los centros concertados y privados son una apuesta de futuro para los alumnos, ya que estos reciben una educación y formación integral; una educación innovadora con metodologías y recursos que permiten un aprendizaje significativo adaptado a las exigencias actuales; una educación en idiomas completa que les permite aumentar sus competencias idiomáticas y responder a los nuevos criterios de titulación y contratación.